PETICIONES

1. MUJERES MUNDI (español e inglés)

A reconstruction of a historical memory in the voice of mass sterilizations victims in Peru.

La reconstrucción de una memoria histórica en la voz de las víctimas de esterilizaciones masivas en Peru.

Para firmar la petición entre aquí: FIRMAR

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2. AMNISTIA INTERNACIONAL

Necesitamos tu firma.

Para firmar la petición entre aquí: FIRMAR

3. CLADEM PERU— AVAAZ

Justicia y no impunidad para las víctimas de esterilizaciones forzadas

Para firmar la petición en AVAAZ entre aquí: FIRMAR

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1. MUJERES MUNDI (inglés)

A reconstruction of a historical memory in the voice of mass sterilizations victims in Peru

Para firmar la petición entre aquí: FIRMAR

In Peru, from 1996 to 2000, corresponding to the second period of the government of Alberto Fujimori; it was implemented the National Program on Reproductive Health and Family Planning in a population control policy aimed at reducing the overall fertility rates. The most recent investigation involved the cases of some 2,000 women. However, statistics and documents show that around 300 000 rural Peruvian women were pressured into being sterilized during this period.

Serious irregularities were reported by government health agencies during its implementation phase. The campaign was marred by human and reproductive rights violations, despite the fact that the rights in question were enshrined, both in the Peruvian Constitution and international treaties signed by Peru. These include the right to life, the right to personal liberty and security, the right to education, the right to non-discrimination, the right to non-violence and the right to reproductive health.

There are indications that targets were set by government and that doctors and medical workers were given incentives to fill sterilization quotas. As a result of the incentives given to health facilities, there was pressure on health personnel to draw in more patients, which led medical workers to coerce women to obtain their consent. Although the campaign targeted both men and women, it catered mostly to women of Indian descent with advertisements promoting sterilization as the only acceptable form of contraception. The “information” dispensed by health care professionals could not be understood by the illiterate or those who spoke little Spanish (Quechua and Aymara speaking populations), nor did the program use the term “sterilization”. A large percentage of sterilizations were carried out without the patients’ informed consent. It was reported that women were led to clinics against their will, under police custody, and they were lied to or blackmailed into accepting sterilization (and sentenced to prison if they refused).

On January 22th this year, the Ministry of Justice issued a resolution stating that the government would drop charges against government officials. From the moment the government launched its mass sterilization plan (which the Ministry of Health and the Peruvian Health Institute IPSS, carried out), there have been serious irregularities ranging from the lack of a free and informed consent (of both men and women), to human rights violations, and even deaths resulting from surgery complications.

We request the commitment from the Peruvian State to comprehensive repairs, investigation, punishment, justice and guarantees of non-repetition:

1. To investigate the case and to restore victims right’s.

2. The compliance with the agreement between the Peruvian State and the Interamerican Court of Human Rights regarding human and reproductive rights.

3. The recognition of the truth of what happened and a reconstruction of a historical memory in the voice of victims, so that mass sterilizations would never happen again.

By all accounts, this was an abusive practice featuring typical and recurring acts of gender, socioeconomic and ethnic discrimination on the part of the Peruvian State and government officials. This practice brought great moral and material damage onto Peruvians; it is a crime for which no statutory limitation can apply, asking only that justice be done.

Considering this facts, we are asking you to support the signature campaign  and put end to the indifference, failing to take into account the many complaints.

1. MUJERES MUNDI (español)

La reconstrucción de una memoria histórica en la voz de las víctimas de esterilizaciones masivas en Peru

En Perú, durante los años 1996 – 2000 correspondientes al segundo período del gobierno de Alberto Fujimori; se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en una política de control de la población destinada a reducir las tasas globales de fecundidad. La investigación más reciente muestra que unas 2.000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente. Sin embargo, las estadísticas y los documentos muestran que alrededor de 300 000 mujeres rurales peruanas fueron presionadas a ser esterilizadas durante este período.

Se registraron serias irregularidades por parte de las entidades gubernamentales de salud. La campaña estuvo marcada por violaciones de los derechos humanos y reproductivos reconocidos en la Constitución peruana así como en tratados internacionales firmados por el Perú. Se transgredieron los derechos a la vida, derecho a la libertad y seguridad personales, a la educación, a la no discriminación, el derecho a la no violencia y a la salud reproductiva.

Existen, además, indicios de establecimiento de cuotas numéricas, incentivos y estímulos para el cumplimiento de captación de pacientes. Esto, implicó presiones en el personal de salud quienes, en algunos casos, no dudaron en utilizar diversos métodos de manipulación y coerción en las mujeres para esterilizarlas.

Si bien, la campaña de esterilización estaba dirigida tanto a varones como a mujeres, se focalizó en el público femenino de bajos recursos, con propagandas que alentaban a la esterilización como el método correcto de contracepción. La “información” que recibían por parte de los profesionales de la salud eran muchas veces incomprensibles para las poblaciones que no hablaban castellano (poblaciones quechua y aymara hablantes) o, no se usaba ni explicaba el término “esterilización”. Las personas que se sometían a ellas, no sabían los alcances de esta operación.

En algunos casos se utilizaron métodos coercitivos. Existen varios testimonios de uso de la fuerza, llevando a mujeres contra su voluntad a los centros de salud, acompañadas de fuerzas policiales e incluso, existen testimonios de amenazas de perjuicio si no aceptaban la esterilización, en muchos casos, utilizando chantajes y mentiras (como que la esterilización era obligada y que si no lo hacían, iban presas).

El 22 de enero del 2014, Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima señaló que no existen evidencias suficientes para tipificar las esterilizaciones como crimen de lesa humanidad debido a que no ha existido dolo ni conocimiento de parte de los ex ministros de salud y del ex presidente de la República sobre la sistematicidad y generalización de estos crímenes, esto difiere con las investigaciones dadas por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Además, al poner en marcha, el plan masivo de esterilizaciones, el Gobierno, a través de sus entidades competentes habría cometido serias irregularidades que van, desde la inexistencia de un consentimiento libre e informado por parte de los usuarios (entiéndase hombres y mujeres), hasta prácticas médicas contrarias al derecho de la salud, que significaron la muerte de pacientes.

Solicitamos el compromiso por parte del Estado peruano para reparaciones integrales y justicia para las víctimas, la investigación del caso, la sanción a los responsables y garantías de no repetición de una situación similar en el territorio peruano:

1. La reapertura de la investigación del caso para el restablecimiento de los derechos de las víctimas así como el cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. El reconocimiento a la verdad de lo sucedido y la reconstrucción de la memoria histórica en la voz de las víctimas para que las esterilizaciones masivas no vuelvan a ocurrir.

3. Medidas  que deben partir del Estado Peruano con reparaciones integrales, investigación, sanción, justicia y garantías de no repetición.

Este caso fue una práctica abusiva emprendida contra numerosas mujeres peruanas, retratando actos de discriminación por razones de género, socioeconómicos y étnicos, dados en la conducta de nuestro Estado y sus funcionarios. Tal práctica dejó en numerosas peruanas daños materiales y también morales, configurando delitos imprescriptibles que reclaman la acción de la justicia.

Considerando estos hechos, solicitamos su apoyo a esta campaña de recolección de firmas y poner un fin a la indiferencia.

Para firmar la petición entre aquí: FIRMAR

***

 

Durante la década de 1990, unas 200.000 mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, fueron esterilizadas en el marco de una política de control demográfico dirigida a las personas que vivían en la pobreza. Existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron.

En 2002, la Comisión del Congreso encargada de investigar las denuncias de esterilización forzada determinó que se realizaron esterilizaciones sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico”. La Comisión también concluyó que hubo injerencias del gobierno de la época en la aplicación compulsiva de esterilizaciones. Sobre la base de estas conclusiones, se formularon denuncias contra los entonces presidente Alberto Fujimori, ministro y viceministro de Salud y varios de sus asesores.

Los derechos sexuales y reproductivos están consagrados en diversos tratados internacionales de derechos humanos, que estipulan que los Estados deben respetar, proteger y garantizar la libertad y la dignidad de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, sin someterlas a coacción ni violencia. Estos derechos han quedado recogidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, el intervalo entre los nacimientos y cuándo tenerlos. El Programa de Acción también establece que las personas deben disponer de los medios y la información necesarios para satisfacer estos derechos, y reconoce el derecho a disfrutar del nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, así como el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia.

Perú tiene un dilatado historial de discriminación contra las personas pobres, indígenas y campesinas, y concretamente las mujeres. En 2003 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para determinar las circunstancias que rodeaban los miles de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos alzados en armas y por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. La Comisión concluyó que la gran mayoría de las víctimas de estas violaciones pertenecían a comunidades pobres, indígenas o campesinas, principalmente de lengua quechua. En el caso de mujeres indígenas y campesinas pobres, a la discriminación racial se sumaba la discriminación por motivos de género. Un ejemplo claro de esta doble discriminación es que se cree que millares de estas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad o sin su consentimiento entre los años 1996 y 2000.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la persistente discriminación racial, social y de género es uno de los motivos por los que se han ignorado durante años estas graves violaciones cometidas contra personas indígenas y campesinas pobres, y que esta discriminación tan arraigada debe abordarse para impedir que violencia tan terrible se repita en el futuro.

Para firmar la petición entre aquí: FIRMAR

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3. CLADEM PERU— AVAAZ

Justicia y no impunidad para las víctimas de esterilizaciones forzadas

Para firmar la petición en AVAAZ entre aquí: FIRMAR

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM Perú), y las organizaciones nacionales, regionales y globales que aquí suscribimos, expresamos nuestra indignación ante la decisión del Ministerio Público de dar por concluida la investigación en torno a las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres de diferentes regiones del país, especialmente de zonas rurales y urbanas de bajos recursos, dejando en la impunidad estos crímenes de lesa humanidad.

Rechazamos la argumentación de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima que señala que no existen evidencias suficientes para tipificar las esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad debido a que no ha existido dolo ni conocimiento de parte de los ex ministros de salud y del ex presidente de la República sobre la sistematicidad y generalización de estos crímenes, lo cual es contrario a la documentación que existe en los 150 tomos de la investigación, el cual contiene oficios, memorándums, declaraciones de operadores/as de salud y de las víctimas de estos hechos que evidencian un patrón de conducta de esa época (amenazas, chantajes, engaños, premios, etc.), además, se demuestra la supervisión constante y directa de los ex altos mandos del Ministerio de Salud y del ex presidente Alberto Fujimori sobre la implementación de dicha política que violaba derechos humanos de las mujeres.

Con este actuar el Estado Peruano estaría incumpliendo, nuevamente, el Acuerdo de Solución Amistosa de María Mamérita Mestanza, en lo referente al deber de investigar y sancionar a los responsables que estuvieron involucrados en la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de 1996 – 2000 donde se esterilizó a diversas mujeres sin su consentimiento.

El Estado con este actuar le niega a las víctimas su derecho a acceder a justicia y reparación. Es decir, está dejando estos crímenes en la impunidad, desconociendo además compromisos aceptados voluntariamente en el sistema interamericano de derechos humanos; debilitando así su vocación democrática.

Ante estos hechos, feministas y defensoras/es de los derechos humanos, demandamos al Estado Peruano:

– Revertir la decisión fiscal y reabrir la investigación dotando al despacho a cargo de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios que garanticen una labor idónea, sin más dilación y así cumplir con lo dispuesto por el Acuerdo de Solución Amistosa de María Mamérita Mestanza.
– Adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incorporar la esterilización forzada como un crimen de lesa humanidad y evitar la repetición de estos delitos.
– Garantizar que los/as operadores/as del sistema de justicia nacional cumplan sus funciones sin estereotipos de género ni discriminación cultural, racial o de cualquier otro tipo.

Si desea firmar la petición en AVAAZ entre aquí: FIRMAR

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