SALUD

Los médicos peruanos y las esterilizaciones forzadas: la historia aun no termina.

por Dr. Gonzalo Gianella Malca

Para fines de mayo del 2011 la campaña presidencial peruana se encontraba en su periodo decisorio. A una semana de la elección y durante el debate final entre los dos candidatos que iban al ballotage, un tema cobró una fuerza mediática inusitada: las esterilizaciones forzadas ocurridas a partir del año 1995 durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990 – 2000). A la luz de los resultados, este hecho ha sido considerado como uno de los elementos que decidieron la elección.

El ballotage se daba entre Ollanta Humala (quién finalmente ganó la elección) y Keiko Fujimori, hija del controvertido y encarcelado ex presidente. Si bien había sido un tema mencionado durante las semanas previas, al inicio del debate final, Ollanta Humala le recordó a Keiko Fujimori la historia de las esterilizaciones forzadas ocurridas a partir del año 1995 durante el gobierno de su padre[1]. Los días que siguieron al debate fueron intensos en discusiones sobre los hechos ocurridos 15 años atrás[2]. Las voces de muchos de los implicados volvieron a escucharse, mostrándose nuevamente las diferencias entre las historias de víctimas y victimarios.

El Programa Nacional de Planificación Familiar y sus víctimas.

La esterilización quirúrgica fue legalizada en el Perú por el Congreso en el año 1995. Alberto Fujimori, que había asistido en 1994 a la conferencia  sobre población del Cairo, dio por iniciada la campaña de planificación familiar en su discurso anual del 28 de Julio de 1995[3]. Tan sólo tres años después el Programa Nacional de Planificación Familiar tenía acumuladas más de 250,000 esterilizaciones quirúrgicas, siendo ya el objeto de profundas críticas de instituciones independientes relacionadas a la defensa de los derechos de la mujer.

La gran presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil (ONGes, Iglesia Católica, medios), organizaciones gubernamentales (Defensoría del Pueblo, congresistas, Ministerio Público), permitió que el tema se expusiera ampliamente ante la opinión pública. Como consecuencia directa para 1998 la intensidad de la campaña había disminuido considerablemente, siguiéndola un número significativo de investigaciones sobre el tema, desde enfoques variados y con intensidades diferenciadas.  Estas investigaciones se produjeron desde varias ONG[4], Congreso[5], MINSA[6], Defensoría del Pueblo[7]. Las investigaciones llegaron incluso al congreso de EEUU[8]  donde se realizaron audiencias a las que acudieron víctimas. La razón para que ocurriera esto último era que parte del financiamiento del MINSA para el programa de planificación familiar provenía de USAID, dinero que habría sido solamente asignado para capacitaciones mas no para la ejecución operativa de las campañas per se.

En el plano judicial, para mayo del año 2011 momento de la elección presidencial, la mayoría de denuncias sobre esterilizaciones forzadas habían ya prescrito. Valgan verdades, en el momento que se dio el debate presidencial  el tema de las esterilizaciones forzadas era sólo parte de la agenda de algunas organizaciones no gubernamentales y grupos allegados a una congresista peruana. Agotada las instancias judiciales nacionales, las víctimas habían acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esta corte inicialmente se presentó el caso de la señora  María Mamérita Mestanza Chávez, quien murió como consecuencia de una AQV a la que fue sometida sin su consentimiento en un centro médico de Cajamarca (provincia al norte del Perú) en 1998. En un acuerdo de solución firmado el 10 de octubre del 2003, el Estado peruano aceptó ante la CIDH que la señora Mestanza fue víctima de un caso de violación de derechos humanos, y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo a nivel del poder judicial si bien inició una investigación, esta fue archivada definitivamente a comienzos del 2010, con los argumentos que el delito había prescrito (pues se trataría de un homicidio involuntario) añadiéndose que las esterilizaciones no se encuentran tipificadas como violación de derechos humanos. En una declaración posterior la CIDH ha condenado esta situación de impunidad y recordado los términos del acuerdo de solución, en el que el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables[9]. Recientemente en Octubre del 2011 la Fiscalía de la Nación ha reabierto la investigación.

Pero esa última semana de mayo del 2011 no sólo sirvió para que se mostraran las heridas abiertas de víctimas que aun no han encontrado justicia. Esa semana también sirvió para que los representantes del gremio médico, un grupo directamente involucrado en las esterilizaciones, recordarse cuál había sido su interpretación de los hechos.

La versión de los médicos peruanos.

Casi de inmediato al debate presidencial el Colegio Médico del Perú colocó un comunicado en la mayoría de medios escritos y virtuales[10]. Este comunicado respondía a una serie de acusaciones posteriores al debate presidencial, vertidas por un congresista y médico representante de Keiko Fujimori en las que se responsabilizaba de las esterilizaciones forzadas a inconductas profesionales de médicos[11]. La inmediata respuesta del Colegio Médico resumía las conclusiones de un informe realizado por una comisión especial de esta institución en el año 1998.

El comunicado del Colegio Médico admitía implícitamente la ocurrencia de abusos e irregularidades “vinculadas a la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” y caracterizados como “daño a la salud, afectación de los derechos y dignidad humana y menoscabo de la ética y deontología médica”. Por ello esta institución había nombrado en 1998 una comisión integrada por distinguidos especialistas en el tema de la salud reproductiva. En el comunicado se prosiguió a enumerar las conclusiones del informe de la comisión de expertos.

La lectura de las conclusiones no admite mayor duda en el sentido que, para esta comisión, si existieron una serie de irregularidades. Estas consistieron entre otras en por ejemplo  “errores de diseño, al privilegiar el método de AQV en desmedro del uso de otros métodos de planificación familiar, restringiendo de este modo la libre elección de las personas, lo que muchas veces ha devenido en la vulneración de sus derechos”.

En su segunda conclusión la comisión destacó un argumento que, a manera de excusa, han utilizado profesionales de salud que trabajaron durante la ejecución del Programa Nacional de Planificación Familiar. Se trata de denunciar la existencia de una supuesta política que establecía “metas de cumplimiento obligatorio desde el nivel central”. Según el Colegio Médico, estas metas habrían estado asociadas a una “distorsión en la ejecución de actividades al ejercer presiones sobre los profesionales médicos para el cumplimiento de tales metas”. Finalmente, en el comunicado se recordó que en el año 1998, luego del informe de la comisión especial, el Colegio Médico del Perú recomendó al gobierno la suspensión de las actividades de anticoncepción quirúrgica del programa de salud reproductiva y planificación familiar por un plazo de 90 días, a fin de emprender su revisión y evaluación.

Construyendo la versión oficial.

Si bien la justicia no parece haber llegado aún para las víctimas, el cúmulo de evidencias generado sobre lo sucedido si tuvo una consecuencia inmediata y directa en los profesionales de salud. Debido al volumen, difusión y magnitud de las denuncias, a los representantes de los profesionales de salud se les ha hecho muy difícil negar lo ocurrido. Las evidencias son abundantes e incluyen  reportes periodísticos,  documentos gráficos[12], videos[13], documentales[14], testimonios en el Congreso de EEUU[15], investigaciones de varias ONG´s y entidades gubernamentales. Es mi impresión que la contundencia de estas evidencias obligó a los profesionales de salud peruanos, en parte como mecanismos de defensa, a construir una versión propia sobre los hechos.

Como se desprende del comunicado del Colegio Médico, la versión de los médicos peruanos consiste en destacar que los abusos habrían ocurrido como resultado de una política diseñada a priorizar las esterilizaciones sobre otros métodos. Para ello la principal evidencia que se presenta es la existencia de cuotas o número de esterilizaciones, que como orden expresa los profesionales de salud habrían estado en la obligación de completar[16]. Siguiendo esta línea de pensamiento, los abusos habrían sido cometidos por profesionales de salud presionados y amenazados en su estabilidad laboral, que se habrían visto “obligados” a realizar procedimientos de esterilización a como dé lugar.

Es una realidad indiscutible, que los profesionales de salud que laboran en servicios públicos en países como el Perú, lo hacen en condiciones laborales inadecuadas. Estas condiciones laborales inadecuadas no sólo incluyen bajos sueldos, poca capacitación y falta de incentivos. Estos profesionales desarrollan sus atenciones en ambientes deteriorados y con inmensas limitaciones técnicas. Adicional a ello, debe mencionarse que estos profesionales son también ciudadanos del país en que desarrollan sus atenciones, con todas las limitaciones que esto conlleva. Así muchos médicos y médicas peruanos consideran a estas condiciones estructurales en las que se desenvuelven como la razón principal para que presiones políticas generasen los abusos. Sin embargo es importante destacar que con este argumento los médicos y médicas peruanos no solo evitan colocarse en la incómoda posición de perpetradores, sino que además logran ubicarse también como víctimas de un sistema perverso.

Los profesionales de salud peruanos no han estado solos en esta interpretación contextualizada. Con variaciones el argumento de adjudicarles condicionantes políticas, laborales y sociales, a la existencia de abusos como las esterilizaciones forzadas, ha servido también a grupos de interés en el tema de salud sexual y derechos reproductivos. Dado que la ocurrencia de las esterilizaciones daba pie a que grupos conservadores tomasen la iniciativa en tratar de frenar las conquistas sobre acceso a métodos de control de la fertilidad, esta interpretación permite brindar ayuda a las víctimas de las esterilizaciones sin entrar en conflicto con los servidores de salud.

El contexto como causa: una historia cómoda sólo para algunos

Diversos analistas han otorgado al tema de las esterilizaciones forzadas un rol fundamental en la decisión de la elección presidencial peruana. La discusión mediática generada durante la semana que siguió al debate presidencial apeló a mostrar los testimonios de muchas de las víctimas. Algunas de las organizaciones no gubernamentales encargadas de llevar los casos en instancias internacionales (como DEMUS) se encargaron de funcionar como cajas de resonancia. Pero, salvo la opinión del Colegio Médico del Perú, los discursos contextualizados no fueron utilizados durante esa semana. La razón para ello, desde una perspectiva de estrategia electoral, probablemente se debió a la enorme carga emocional que las historias de mujeres esterilizadas contra su voluntad contienen. Mostrar las historias desde la perspectiva de las víctimas fue una estrategia que sin duda buscaba el voto de ciudadanos que se identificasen con ellas y no precisamente buscaba el voto de los profesionales de la salud.  Sin ser parte de la estrategia electoral, esta exposición mediática tuvo como resultado que por un momento durante esa semana de mayo del 2011, quizás por primera vez, muchas mujeres esterilizadas contra su voluntad durante la década de los noventa fueron plenamente reconocidas ante la opinión pública como víctimas de crímenes horrendos.

Algunos años después del trabajo de la comisión del Colegio Médico, otra comisión especial, nombrada por el MINSA en el año 2001[17] recogió testimonios de servidores de salud, que habían sido autoridades de diverso nivel al momento de suceder los problemas de esterilizaciones forzadas. Esta comisión describió en su informe que uno de los hallazgos más impactantes fue que prácticamente todas las autoridades… han negado enfáticamente haber infringido ninguna disposición legal emanada del Estado, del Ministerio o de las altas autoridades”. Uniformemente estas autoridades le dijeron a la comisión especial que “en su respectivas áreas no se ha realizado esterilizaciones forzadas ni se ha acosado a pacientes y todas se han realizado con consentimiento”. Añadiendo que “no tuvieron presiones de MINSA para llevar a cabo las esterilizaciones, no recibieron premios, no se amenazo a los pacientes, para que aceptaran la AQV, no se señaló cuotas ni se amenazo con despedir al personal contratado si no cumplía con las cuotas asignadas“. Paradójicamente de forma casi unánime estas autoridades aceptaron que “sí supieron que las irregularidades señaladas tuvieron lugar en otras áreas”.

Es útil analizar los testimonios recabados por la comisión del MINSA el 2001 y la opinión del Colegio Médico del Perú conjuntamente con lo sucedido diez años después durante las elecciones. Al hacerlo se puede evidenciar que en el Perú coexisten ciudadanos que al ser contrastados con las evidencias de las esterilizaciones forzadas consideran que lo que ocurrió en la década de los noventa fueron crímenes terribles e inexcusables (votando en contra de ello) y ciudadanos que si bien no niegan que estos delitos existieron, los adjudican a terceros contextualizándolos como el resultado de deficiencias estructurales del sistema de salud. Lo grave es que el grupo de individuos que defiende esta última línea de argumentación es el que se encargó de llevar a cabo los abusos.

La versión médica oficial y sus omisiones: ¿es pedir perdón algo secundario?

Si alguna característica tienen en común las 250,000 a 300,000 esterilizaciones quirúrgicas realizadas durante la década de los noventa, es que todas ellas, sin excepción, fueron operaciones realizadas por médicos.  No fueron actos de extraños, fueron intervenciones quirúrgicas, que en el Perú sólo pueden ser  realizadas por médicos colegiados. Se puede afirmar entonces que los médicos que estuvieron detrás de las esterilizaciones fueron todos profesionales inscritos en el Colegio Médico del Perú, una institución que de acuerdo a ley peruana tiene el encargo de velar por el apropiado ejercicio profesional de todos los médicos.

Si el Colegio Médico del Perú (con otras organizaciones de profesionales de salud) ha sido incapaz de negar la ocurrencia de los abusos ¿cómo es que en su versión oficial no contiene una admisión de responsabilidad sobre los hechos? ¿Por qué esta versión se dedica únicamente a dar explicaciones contextualizadas sin ningún tipo de sensibilidad o intención de pedir disculpas o perdón por lo ocurrido? Si esterilizar a una persona sin su consentimiento constituye un serio atropello a su dignidad; si al realizar actos que vulneren la autonomía de las personas se viola un principio básico del ordenamiento ético de los médicos, ¿no se debería, ante la evidencia de los atropellos y tratándose de la organización que representa a los médicos, comenzar cualquier comunicado con un acto de reconocimiento de los excesos?

Durante los últimos diez años he escuchado a profesionales de salud peruanos argumentar en contra de la idea de reconocer responsabilidad de hechos como las esterilizaciones forzadas, principalmente porque ello “no resolvería los problemas estructurales que afectan a los sistemas de salud”. Por el contrario, se argumenta, lo que se debe entender es que se requiere de mejorar los servicios y dotarlos de mejores condiciones laborales y de infraestructura. Pero los médicos y otros profesionales de salud peruanos deben recordar que las mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad fueron víctimas de algo que para ellas y para muchos ciudadanos peruanos constituye un atropello inexcusable a su dignidad.  Es por esta razón que no resulta aceptable la construcción de versiones saneadas de los hechos que convenientemente sólo terminan en recomendaciones de mejoría de procesos. Estas versiones son menos aceptables si apelan a la empatía de los ciudadanos, explicando los abusos como parte de un contexto en el cual todos (incluyendo los perpetradores) son víctimas.

Es válido reconocer que un delito puede ser perdonado u olvidado por una sociedad, en especial si existen elementos estructurales que llevaron a un individuo o grupo de individuos a cometerlo. Pero los acontecimientos en el Perú nos muestran que esto no sucede si no se producen al mismo tiempo ciertas condiciones. Si la intención de los médicos peruanos es de lograr cambios en los problemas estructurales del sistema de salud que, según su versión, fueron los detonantes de las esterilizaciones forzadas, primero deberían propugnar que las víctimas tengan la capacidad efectiva de ejercer libremente sus derechos  (como el de obtener justicia). Para ello es fundamental que los delitos sean reconocidos como tales, sin contextualizarlos con el objetivo de mantener una oferta de salud reproductiva.

Pedir disculpas y perdón por lo ocurrido debería ser parte de este proceso. Esto implicaría no sólo un reconocimiento hacia las víctimas sino también un reconocimiento que el delito existió, constituyéndose en una clara expresión de voluntad de hacer justica. Pedir disculpas y perdón es sin duda algo incómodo, en especial tratándose de un grupo de individuos como los médicos que valoran altamente sus acciones, ¿pero no estaría esto más acorde con los principios en los que se supone se basa la medicina?

¿Por qué tendría que haber sucedido de otro modo?

Para mediados de 1994 me encontraba en los últimos años de estudiante de medicina. Salvo dos meses durante mi internado, hice casi toda mi carrera en hospitales de Lima. Ese año, durante mi rotación en el servicio de ginecología como alumno de séptimo año, me tocó atender a una joven mujer que se había realizado una maniobra abortiva clandestina y había llegado al hospital con un cuadro infeccioso generalizado. Pese a los intentos de un manejo conservador, la infección generalizada progresó y se planteó llevarla a sala de operaciones para extraerle el útero y ovarios como último recurso para intentar evitar que fallezca. Su estado era pésimo y mientras todo el equipo trabajaba al lado de ella para intentar estabilizarla antes de llevarla al quirófano, el médico ginecólogo asistente a cargo hizo un comentario cargado de ironía “…al Papa y a los curas habría que traerlos aquí para que nos ayuden…”.

Algunos meses después, ese mismo 1994, en mi rotación de pediatría, asistía a una cesárea de emergencia. Mi labor era ayudar al residente de pediatría en la atención del recién nacido. Luego de extraer al bebe y realizar las maniobras para parar el sangrado, el residente de ginecología le pregunto al médico asistente de ginecología si “ligaba” a la paciente. El médico asistente preguntó entonces “…¿cuántos hijos tiene?…”. Luego de responderle que la paciente ya tenía cuatro hijos, el médico asistente asintió y el residente procedió a terminar la operación con esterilización quirúrgica incluida. Tiempo más tarde me informe que en 1994 la esterilización quirúrgica ni siquiera era un procedimiento que se ofreciese en los programas de planificación familiar del Estado.

En ambas ocasiones ni yo, ni las instrumentistas, ni las enfermeras, ni el anestesiólogo, ni los médicos residentes hicimos objeción alguna. Tampoco recuerdo denuncias ni quejas luego de la operación cesárea ni algún católico (muy probablemente la mayoría de miembros del equipo) indignado por el irónico comentario sobre las autoridades de la iglesia. Lo que sí puedo recordar es que el médico asistente fue el mismo en ambas oportunidades.

Ver a personas que acuden a servicios de salud por maniobras abortivas clandestinas es una experiencia sin duda frustrante. Son mujeres jóvenes que llegan muchas veces con cuadros infecciosos severos, que además en hospitales públicos en el Perú provienen de los más bajos estratos socioeconómicos.  La empatía que genera un médico indignado por esta situación en personas que trabajan en favor de los derechos de la mujer siempre me ha llamado la atención, pues rara vez se cuestiona las razones por las cuales estos médicos se indignan. Lo mismo sucede cuando esos mismos médicos relatan experiencias de eventos relacionados con mujeres que, debido a repetidos embarazos, muestran complicaciones severas como hemorragias alrededor del parto.  Sus historias de frustración nos llenan de empatía y como sociedad tendemos a aceptar que sus acciones son siempre por los motivos correctos.

Las leyes de amnistía para violadores de Derechos Humanos, que en muchos países latinoamericanos se han intentado aprobar (Perú incluido), contienen siempre un elemento común: la contextualización de la violación de Derechos Humanos en una serie de argumentos (obediencia debida, situación de guerra, etc). La historia de estos intentos fallidos de promulgar leyes de amnistía ha dejado claro que para la doctrina de Derechos Humanos no es aceptable que un militar intente aminorar su responsabilidad de por ejemplo una ejecución extrajudicial con argumentos de “cumplir órdenes o temor a ser sancionado”. Tampoco es aceptable que un torturador justifique sus acciones sobre la base del “bien común”.

Es importante destacar que quien escribe este texto es alguien involucrado en el tema de las esterilizaciones forzadas desde una perspectiva particular, ya que he participado en investigaciones relacionadas al tema por parte de la Defensoría del Pueblo del Perú[18]. Siendo esta una institución que se encarga de velar por los derechos fundamentales, es de esperar que mi visión del problema este siempre impregnada del discurso de los Derechos Humanos. Es por ello que siempre he mirado con asombro cómo se acepta que los médicos peruanos justifiquen sus acciones durante las esterilizaciones forzadas, sobre la base de argumentos contextualizados que prohibidos a otros actores de la sociedad.

Pero los contextos existen y de hecho son parte de la realidad en la que los profesionales de salud se desenvuelven. Por ello incluso desde organizaciones de Derechos Humanos también se han desarrollado trabajos al respecto. Uno de los conceptos desarrollado desde esta perspectiva es el conocido como “lealtad dual”.

La lealtad dual es entendida como el conflicto entre obligaciones que se deben dar simultáneamente[19]. En el caso médico, se enfrentara la lealtad hacia los pacientes y un tercero (por general el Estado). Un ejemplo usual es la situación que enfrenta un médico al ser llevado a evaluar prisioneros. En estas situaciones muchas veces éstos médicos son llevados para asistir al Estado de manera interesada. Existen médicos que han colaborado para que individuos con lesiones graves puedan seguir siendo torturados (minimizando lesiones) o médicos que activamente participan en tortura o en la administración de fármacos durante ejecuciones. También hay evidencia histórica de regímenes totalitarios que han utilizado productos de la ciencia médica (como diagnósticos psiquiátricos) para colocar a opositores en prisión. Por último si es cierto que regímenes totalitarios han utilizado a las esterilizaciones quirúrgicas como métodos de acción contra minorías.

La lealtad dual en todos estos casos es un concepto que de ninguna manera busca justificar las acciones cometidas por los médicos, sino que se utiliza como una herramienta para incidir en este conflicto y conseguir el objetivo del respeto pleno de los Derechos  Humanos. Es claro entonces que si un médico realiza una acción que viola los Derechos Humanos de su pacientes, el hecho del contexto en que esto se da (por ejemplo bajo amenaza o con una pistola apuntando a la cabeza de uno mismo o de algún familiar) podría aminorar la pena que en un proceso judicial, pero no lo hace necesariamente menos culpable.

Dicho todo lo anterior, ciertos requisitos son importantes para que un conflicto de lealtad dual se produzca. El más importante de todos tiene que ver con el poder que ostenta el médico en esa situación dada. Por ello no es dable apelar a argumentos de lealtad dual para situaciones en las que el médico tiene absoluto control.

En el caso peruano, el concepto de lealtad dual se ha utilizado para intentar construir un nexo entre quienes dirigieron la política de planificación familiar y los ejecutores. Como es evidente que quienes estuvieron a cargo de las políticas públicas que llevaron a las esterilizaciones no fueron quienes las realizaron (ni tenían las destrezas para hacerlo), la idea es de establecer un nexo similar a una cadena de comando que pueda vincular a los perpetradores con las cabezas políticas. El problema es que esto se hace ignorando aspectos importantes de las relaciones de poder que ocurren durante una atención de salud, en especial en el Perú.

Las esterilizaciones quirúrgicas ocurridas en el Perú que son objeto de cuestionamiento, es decir las que ocurrieron a partir de 1995, fueron todas operaciones realizadas en quirófanos. Si bien algunos de estas salas de operaciones fueron temporales y especialmente confeccionados para el momento de la “campaña de esterilizaciones”, en todos los casos quienes realizaron las intervenciones fueron médicos cirujanos peruanos.

Para alguien por fuera del mundo médico occidental podría resultar razonable pensar que estos cirujanos podrían haber sido obligados, bajo amenaza de sanciones administrativas, a operar a personas sin respetar por ejemplo un proceso de consentimiento informado adecuado. Como médico he interactuado con cirujanos desde que estaba en la escuela de medicina. Como especialista y tras varios años de ejercicio de la profesión puedo afirmar que todavía no he conocido un cirujano que realice una operación sin el convencimiento que esta es razonable y necesaria. Más aún, no conozco cirujano que dentro del quirófano no haga gala de su autoridad, muchas veces absoluta ¿Se puede obligar a un cirujano a operar contra su voluntad? Colocándonos en un extremo, quizás esto podría darse. Pero si los cirujanos que operaron a miles de mujeres en el Perú estaban en desacuerdo con lo que hacían y mantenían un conflicto moral (como implica el concepto de lealtad dual) ¿no deberían existir historias de haberse negado a operar? Es más, dadas las relaciones de poder que ocurren dentro de un quirófano, donde el cirujano es usualmente quien manda, es mucho más razonable pensar que debido a este conflicto moral muchas operaciones de esterilizaciones fueran canceladas sin siquiera entrar en conflicto con la autoridad, con el uso de por ejemplo argumentos relacionados a una razón técnica irrefutable dadas por los mismos cirujanos (como material quirúrgico no apropiado o inapropiadas condiciones anatómicas de la paciente). Pero luego de 20 años nada de eso ha sido puesto en evidencia. No hay historias de médicos resistiendo realizar esterilizaciones quirúrgicas. Tampoco hay historias de excusas técnicas dadas por estos expertos ni de numerosas operaciones canceladas. La evidencia es hacia lo contrario, miles de esterilizaciones realizadas de manera eficiente en un corto periodo de tiempo.

¿Qué podemos hacer de aquí en el futuro? Sin duda es complicado pedirle a las organizaciones de Derechos Humanos, muchas de ellas en plena pelea por el acceso universal a los servicios de salud, que cuestionen a esa ciencia que ha producido los beneficios que demandan. Pero debemos recordar que una de las razones por las que las víctimas desean justicia, en especial en el caso de violaciones de Derechos Humanos, es para asegurarse que eso no vuelva suceder. Por ello resulta imperioso iniciar un debate más sincero. Este debate debería comenzar por admitir una realidad ineludible: los médicos peruanos que esterilizaron a miles de mujeres durante la década de los noventa y que en muchos casos vulneraron sus derechos fundamentales, lo hicieron convencidos que estaban haciendo medicamente lo correcto.

 


[1] Debate entre Ollanta Humala, Keiko Fujimori.  30 de mayo del 2011.  http://www.youtube.com/watch?v=F5SnWCQeWeA&feature=related

[3]  En su discurso ante el congreso, en la parte pertinente a salud, Alberto Fujimori  manifestó que:“sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales.  Lo justo es difundir, de hecho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar (…) Hemos sido y seremos un gobierno pragmático, sin tabúes, ni vacas sagradas… las mujeres serían dueñas de su destino”.

[4] DEMUS. Justicia de Género. Esterlilización Forzada en el Perú: Delito de Lesa Humanidad. Lima, setiembre de 2008.

[5] Congreso de la República. Subcomisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en las Acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria presidida por el congresista Héctor Chávez Chuchón. Informe Final sobre la Aplicación de la AQV en los años 1990-2000. Lima, junio del 2002

[6] MINSA.  Informe Final de la Comisión Especial sobre actividades de Anticoncepción quirúrgica voluntaria. Julio, 2002

[7] Defensoria del Pueblo del Perú. Informes Defensoriales Nº 07, 27 y 69.

[8] USAID

[10]  Comunicado del CMP publicado en las ediciones de los diarios La República/El Comercio el 4 de junio del 2011

[11] En declaraciones al canal de cable de noticias Canal N, el médico y ex ministro de Salud Alejandro Aguinaga sostuvo que “los casos de esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista respondieron a inconductas profesionales de médicos que no respetaron el protocolo y no a una política del gobierno. Indicó que los galenos involucrados en estas malas prácticas fueron denunciados. Las denuncias obedecen justamente a una inconducta personal de los que ejecutan la política y el sistema; entonces es cierto que hubo denuncias individuales, estudiadas por la Defensoría del Pueblo y que no llegan a un centenar”.

[14] A woman’s Womb.  The politics of reproduction.  A film by Mathilde Damoisel,   Francia. Ver en http://www.cultureunplugged.com/play/4623/A-Woman-s-Womb

[15]  THE PERUVIAN POPULATION CONTROL PROGRAM HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL OPERATIONS AND HUMAN RIGHTS OF THE COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED FIFTH CONGRESS SECOND SESSION FEBRUARY 25, 1998. Version complete de las audiencias puede encontrarse en http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa48459.000/hfa48459_0f.htm

[16]  Pese a la negativa estatal de la existencia de dichas cuotas, entrevistas realizadas a proveedores públicos de salud en localidades de Lima, Junín, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cuzco y Loreto, dan cuenta de su existencia. Los proveedores entrevistados en esas localidades afirman que dichas cuotas han sido usadas como factor de presión sobre ellos, dependiendo de su cumplimiento su permanencia o promoción en el sector. CLADEM-  Silencio y Complicidad. Violencia contra las Mujeres en Servicios Públicos de Salud en el Perú. 1998

[17] Ibid viii. Los hallazgos se describen en la página 28 del informe.

[18] Segundo Informe sobre AQV. Defensoría del Pueblo, Lima, Perú. 2000

[19] Dual Loyalty & Human Rights. Proposed guidelines & institutional mechanisms. Physicians for Human Rights and University of Cape Town. 2002

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: