ECONOMIA

La Economía Política de las Esterilizaciones Forzadas en el Perú [1]

por Christina Ewig [2]

María Vilcahuamán tenía veinticinco años cuando optó por “la anticoncepción quirúrgica voluntaria” a través de una ligadura de trompas.[3] Junto con otras madres de su comunidad rural serrana, había venido participando en un programa de ayuda estatal a cargo de su centro local de salud pública que distribuía suplementos alimentarios infantiles a las madres de niños desnutridos. Un día en 1996, la enfermera-partera del centro de salud identificó a las mujeres del programa que tenían tres o más hijos y las animó a pensar en la posibilidad de hacerse una ligadura de trompas, para lo cual les mostró un folleto ilustrado del procedimiento. Después de tres visitas seguidas que hizo la enfermera a su casa, la señora Vilcahuamán finalmente aceptó realizarse el procedimiento, y la ambulancia del establecimiento la llevó al hospital más cercano para que le realizaran la cirugía. Cuando nos sentamos a conversar con ella en su casa, la señora Vilcahuamán me describió su experiencia de esta manera:

“Era una campaña por dos días y dice viernes había como 90 personas en el Hospital, y en la cama también metían para abajo y para arriba, boca abajo boca arriba, porque no alcanzaban las camas señorita, y nosotros hemos ido el día sábado ya, pero también nos puso de dos en dos todavía. Sí, a varones cinco le han hecho ese día, cinco personas varones [y los demás eran] mujeres señorita, mujeres eran y una señora de Pichiurara se iba escapar.….[Después] todas las señoras de la cama del cuarto que estaba yo estaban llorando y le ponían ampolla, ampolla, ampolla, a cada uno nos ponía, y una obstetriz de Huanta dijo, “ahora aunque sea …como cuyes son, ahora no van a tener hijos” diciendo se reía todavía de nosotros.”

La señora Vilcahuamán fue una de las muchas mujeres focalizadas para la esterilización por el programa de planificación familiar que organizó “campañas de esterilización” en las comunidades pobres del Perú entre los años 1996 y 1998 bajo la presidencia de Alberto Fujimori. Su relato es terrible; sin embargo, dado que ella habla español y entendió la explicación del procedimiento al que ella, en última instancia, consintió en hacerse, su experiencia fue menos terrible que la de otras mujeres. Muchas otras mujeres peruanas rurales que se sometieron a la ligadura de trompas provista por el Estado nunca fueron trasladadas a hospitales para realizar el procedimiento y, en cambio, fueron operadas en puestos de salud mal implementados. Muchas de ellas que solo hablaban quechua no entendieron el procedimiento que se explicaba en español, ni tampoco dieron su consentimiento informado para someterse a la operación. Incluso otras mujeres murieron a causa de las deficientes condiciones sanitarias en las que estas operaciones se llevaron a cabo.

Las problemáticas campañas de esterilización ocurridas en el Perú durante la década de 1990 son de alguna manera una vieja historia: reflejan el uso instrumental de la mujer, al que recurren los planificadores de políticas nacionales y las organizaciones internacionales como un medio de controlar el crecimiento de la población y de promover el desarrollo económico. La reciente historia de esterilizaciones en el Perú parece mucho a abusos típicos de las campañas de esterilización ocurridas anteriormente en Puerto Rico, la India y Sudáfrica a comienzos o mediados del siglo XX, con similares objetivos económicos.[4]

Lo que resulta particularmente notable del caso peruano es que las campañas de esterilización ocurrieron en contextos globales y locales aparentemente favorables a los derechos reproductivos de la mujer. En la década de 1990 surgió un nuevo credo a favor de los derechos reproductivos que dominó los esfuerzos globales de población, y oficialmente el Perú había asumido, aparentemente, este credo. En 1982, Perú ratificó todos los artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que fueron primero adoptadas por la Asamblea de Naciones Unidas en 1979. Es importante destacar que el CEDAW promueve la igualdad de las mujeres en lo político, social y económico y es la única convención de derechos humanos que reafirma los derechos reproductivos de las mujeres. En la Conferencia de 1993 de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos realizada en Viena y en la Cumbre Mundial de 1995 de Copenhague para el Desarrollo Social, las activistas feministas colocaron exitosamente el tema de los derechos de la mujer tanto en la agenda internacional de los derechos humanos como en la agenda de desarrollo económico. Fue la primera vez que las feministas lograban un impacto importante en acuerdos globales.

El programa de planificación familiar del Perú fue notablemente reformado para la Conferencia Internacional de 1994 sobre Población y Desarrollo (ICPD) celebrada en El Cairo, Egipto, y para la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer organizada por Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China. En El Cairo y en Beijing las feministas peruanas participaron activamente. Los documentos que fueron la guía del programa de planificación familiar del Perú, elaborados posteriormente, reflejaban en gran parte el lenguaje y las metas convenidas en El Cairo, incluyendo el compromiso de respetar los derechos reproductivos de las mujeres y la promoción de la equidad de género. El foco del programa dirigido a las peruanas de menores recursos tenía el potencial de aumentar dramáticamente el acceso a los métodos de la planificación familiar en un país donde históricamente el acceso a la contracepción se restringía a las clases medias y altas. Incluso organizaciones feministas y el gobierno de Fujimori establecieron un mecanismo para monitorear la implementación del ‘Programa de Acción’ suscrito en El Cairo: un comité denominado Mesa Tripartita de Seguimiento al Programa de Acción del Cairo, que incluía miembros del Estado, de la sociedad civil y de instituciones internacionales.[5]

¿Dado el contexto global, y aparentemente nacional, a favor de derechos reproductivos, cómo podemos explicar la campaña de esterilización en el Perú bajo Alberto Fujimori?  En este artículo, demostraré cómo la administración de Fujimori en Perú promovió una política tradicional Malthusiana de población, es decir antinatalista, que ponía el desarrollo económico nacional por encima de los derechos humanos de las mujeres. El programa de planificación familiar en el Perú bajo la administración Fujimori es un caso más del uso instrumental de la mujer. La diferencia entre el caso peruano y programas similares en otros países en el pasado es que los actores políticos locales supieron apropiarse y utilizar exitosamente los discursos feministas nacionales y globales para legitimar sus acciones. Es decir, en los casos anteriores el impulso de manipulación vino del exterior mientras que en el Perú fue una manipulación política gubernamental.

El presente trabajo se inicia con una discusión sobre el uso instrumental de la mujer en las políticas poblacionales y económicas nacionales e internacionales recientes. Luego identifica las condiciones políticas que llevaron a la expansión de los servicios de planificación familiar en el Perú en la década de 1990, un país católico donde la jerarquía eclesiástica había estado históricamente en contra del acceso de la población a métodos artificiales de contracepción. Muestro como mientras los documentos oficiales del programa de planificación familiar, así como la publicidad del mismo y los discursos presidenciales, utilizaban los discursos feministas globales sobre derechos reproductivos; los objetivos políticos del gobierno de Fujimori estaban claramente destinados al control poblacional y especialmente a las mujeres indígenas de menores recursos, antes que comprometidos con la salud reproductiva. Concluyo con unos comentarios sobre cómo esta época de la historia peruana todavía tiene reverberaciones políticas importantes.

Discursos Globales, Locales y Usos Instrumentales de la Mujer

El uso instrumental de la mujer en el diseño de políticas económicas y de población tiene una larga historia, tanto entre grupos feministas como entre las agencias internacionales de desarrollo. Por el ‘uso instrumental de la mujer’ me refiero a las políticas dirigidas específicamente a mujeres cuyo objetivo final no es necesariamente beneficiarlas a ellas, sino reducir los niveles generales de pobreza o acelerar el crecimiento económico.

La relación entre control demográfico y desarrollo económico se remonta al año 1798 cuando el economista Inglés Thomas Malthus argumentó que el crecimiento descontrolado de la población, estimulado por las clases trabajadoras, rebasaría la capacidad de producción agrícola, conduciendo a una degradación general de los estándares de vida internacionales. Apoyándose en los postulados de Malthus y defensores del control de la natalidad (incluso Margaret Sanger, quien fundó el movimiento estadounidense para el control de la natalidad), las políticas de los Estados Unidos, empezando en los años sesenta, relacionaron los esfuerzos de control demográfico en el Tercer Mundo con el desarrollo económico y con la seguridad nacional de los Estados Unidos (Hartmann 1995, cap. 6). Incluso ahora, los Estados Unidos continua percibiendo el crecimiento demográfico latinoamericano como una amenaza a la seguridad nacional, especialmente por el dramático aumento del número de inmigrantes latinoamericanos como resultado de los conflictos centroamericanos y de la crisis económica regional en los años noventa (Jonas 1996, 68.-85). Las mujeres eran percibidas como instrumentos cuyas capacidades reproductivas tenían que ser controladas a fin de servir la causa del desarrollo económico. El financiamiento del gobierno de los Estados Unidos contribuyó a desarrollar una ‘burocracia poblacional’, conformada por instituciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo dedicadas al tema de población.[6] Años después, aunque muchas de estas organizaciones internacionales restringieron los discursos coercitivos, mantuvieron una visión instrumental de la mujer, por ejemplo, abogando por la educación de las mujeres como un medio de reducir el crecimiento de la población.[7]

Los principios de Malthus, sin embargo, no sólo fueron influyentes en los Estados Unidos o al nivel bi- y multilateral, también tuvieron una presencia regional importante en América Latina y en el Perú, en donde comenzó a ser común argumentar que la pendiente demográfica indígena, negra, y de las familias de menos recursos obstaculizaban el progreso nacional. En las décadas de 1920 y 1930, los emergentes sistemas nacionales de salud de América Latina promovieron tímidamente la eugenesia con medios técnicos, por ejemplo, imponiendo formalmente el requisito de certificados médicos pre-nupciales. En la década de 1930, la eugenesia se convirtió también en un componente central de las políticas de inmigración, estando los países latinoamericanos interesados en atraer poblaciones blancas, europeas, como un medio de “blanquear” las poblaciones nativas. Prominentes médicos de la región, como el peruano Carlos Enrique Paz Soldán, promovieron la eugenesia como un medio de mejorar las condiciones físicas y mentales de la población local.

A pesar del dramático crecimiento poblacional experimentado en las décadas de 1940, 1950 y 1960, el Perú no definió claramente una política nacional de población sino hasta la década de 1970. El gobierno militar revolucionario de Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en 1968, adoptó una política poblacional pro-natalista, favorable al crecimiento demográfico. Esta política, que coincidió con la posición oficial de la Iglesia Católica, surgió como una reacción a lo que era percibido como una interferencia imperialista de los Estados Unidos, que promovía activamente el control demográfico en América Latina. Sin embargo, el gobierno menos radical del general Francisco Morales Bermúdez invirtió la postura favorable al crecimiento poblacional y delineó en 1976 lo que sería la primera política gubernamental de población en el Perú, que incluía el acceso a la contracepción artificial, consideraba la procreación una decisión de las parejas, y abogaba por la “paternidad responsable”; un concepto Católico que alentaba a las parejas a decidir ellos mismos libremente el tamaño de sus familias. Esta primera política oficial también endosó las ideas de Malthus, según las cuales el control de la población era un requisito esencial para alcanzar un desarrollo económico sostenido (Guzmán 2002, 190).[8]

No fue sino hasta mediados de la década de 1980, durante el primer año en el gobierno del presidente Alan García del APRA, que una planificación familiar estatal fue establecida. En 1985, el gobierno de García aprobó una ley nacional de población, la cual enfatizaba la posición de la Iglesia sobre la paternidad responsable, aunque también defendió el derecho al uso de métodos anticonceptivos y los derechos individuales en materia de planificación familiar. En los debates sobre esta ley, el gobierno aceptó la posición de la Iglesia contra el aborto y las esterilizaciones. El gobierno posteriormente desarrolló el Programa Nacional de Población 1987-1990, que delineó las metas para reducir los índices de fertilidad y mejorar la cobertura de la contracepción, disponiendo de recursos económicos, aunque limitados, para la puesta en práctica del mismo. Posteriormente se organizaron programas de planificación familiar en la Seguridad Social y en los sistemas de salud pública dirigidos por el gobierno. Es importante mencionar que el Programa Nacional de Población era un componente del Plan Nacional para el Desarrollo (Varillas y Mostajo 1990, 322-323 y 383; Guzmán 2002).

Aunque la burocracia y sus programas poblacionales fueron cuestionados por la primera vez por los que defendieron los derechos reproductivos de la mujer en la Conferencia Mundial de Población en Bucarest en 1974, sólo en 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 realizada en El Cairo, existió un cambio significativo en el discurso oficial de población al nivel global. De las posturas del control poblacional por razones de seguridad nacional y desarrollo económico, el discurso internacional cambió a una postura que consideraba como prioritarios los derechos reproductivos de la mujer y la equidad de género, además de la regulación de la fertilidad, la ayuda a la infertilidad y el desarrollo de programas sostenibles del medioambiente.[9] El acceso a servicios de salud reproductivos para todos los hombres y mujeres fue un objetivo de los acuerdos. Más aún, los derechos reproductivos fueron relacionados explícitamente a los derechos humanos.[10]

¿Representó El Cairo un cambio verdadero o la burocracia de la población invocó hábilmente el discurso feminista para complacer a las organizaciones de mujeres y a la vez mantener el mismo objetivo tradicional de control de la población? Las feministas académicas han expresado su preocupación por el hecho que conceptos fundamentales del discurso feminista internacional, tales como género y derechos reproductivos, han sido apropiados, manipulados y utilizados instrumentalmente por instituciones e individuos para sus propias agendas, que resultan siendo diferentes a las de la promoción de los derechos de la mujer (Smyth 1998, 228-230; Hartmann 1995, 136-139).

La política de planificación familiar en Perú bajo la administración del presidente Alberto Fujimori ilustra este patrón instrumental. La administración de Fujimori utilizó discursos feministas internacionales sobre salud y derechos reproductivos, y hasta llegó a establecer alianzas con las mismas organizaciones feministas peruanas, para llevar adelante una agenda tradicional Malthusiana de control de la población. Poco menos de un año después de los acuerdos de El Cairo, Fujimori anunció un cambio importante en la política de población del Perú durante su segundo discurso presidencial inaugural en 1995. Según Fujimori, su gobierno iniciaba una “lucha concertada contra la pobreza,” prometiendo que la planificación familiar desempeñaría un papel crítico en esta nueva iniciativa.

La fuerza política de Fujimori en este momento era sólida. Su discurso fue leído ante un Congreso reconstituido y dócil después que Fujimori cerrara el anterior en 1992. Mientras que el autogolpe de 1992 fue criticado por los observadores internacionales, en el plano local Fujimori fue alabado por tomar una posición firme frente a la peor crisis económica y política en la historia del Perú, donde la inflación había alcanzado los cuatro dígitos, y enfrentado los levantamientos terroristas que habían conducido a una década de conflicto armado interno.[11] Apoyado en esta ola de popularidad, el 15 de septiembre de 1995, Fujimori reforzó su compromiso con la planificación familiar. Participando como el único jefe de estado masculino que habló en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en Beijing, Fujimori declaro que “como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza” su gobierno había “decidido llevar a cabo una estrategia integral de planificación familiar” para enfrentar “abiertamente, por primera vez en la historia de nuestro país, la grave carencia de información y de servicios sobre la materia.”[12]

Este anuncio, realizado en la Conferencia sobre la Mujer realizada en China, que la planificación familiar sería ampliada fue un intento de Fujimori de ganar el apoyo de las feministas peruanas que ya tenían una notoria visibilidad nacional en 1995, en parte debido a la Conferencia de Beijing y a sus reuniones preparatorias. Fujimori llegó a la Conferencia en un momento crítico – cuando instituciones conservadores, como la Iglesia Católica, procuraban frenar algunas de los derechos establecidos en los acuerdos de El Cairo. El discurso de Fujimori apoyaba los derechos reproductivos de la mujer, lo cual le ganó el apoyo de un importante sector de las feministas peruanas, aunque otras, menos impresionadas, seguían con mayor cuidado las prioridades de la agenda de Fujimori, que era en realidad eran mixtas en materia de derechos de la mujer (Alfaro 1996).

¿Salud reproductiva o control Maltusiano de la población?

El hecho de colocar la planificación familiar dentro de su “lucha más amplia contra la pobreza” hizo evidente que Fujimori entendía la planificación familiar como un medio de reducción de la pobreza, más que como un derecho de la mujer. Sin embargo, su uso de foros feministas internacionales, tales como el de Beijing, creó la impresión que su política crearía un balance entre los objetivos de reducción de la pobreza con los derechos reproductivos, especialmente porque Fujimori citó explícitamente los acuerdos de El Cairo en los documentos relacionados a la política de población peruana.[13]

El programa revisado, delineado en el documento Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 estaba en gran parte alineado con el programa de acción aprobado en El Cairo y dirigido no solo a revisar los programas peruanos de planificación familiar anteriores.[14] El programa revisado definía la salud reproductiva de una manera muy similar a El Cairo, como “la condición de completo bienestar físico, mental y social que los hombres y las mujeres requieren para desarrollar sus funciones reproductivas con seguridad durante todos los períodos de la vida” (MINSA 1996, 5). Este Plan consideraba la planificación familiar una prioridad dentro de la salud reproductiva. La única modificación visible con respecto a El Cairo estaba en la referencia al concepto católico de “paternidad responsable” y en la inclusión de formas “modernas y seguras” de anticoncepción.

Este plan también tomaba de El Cairo la equidad de género como una meta a ser alcanzada apoyando los mismos derechos para ambos sexos e “incorporando aquellas prácticas rutinarias de salud que ayuden a disminuir las barreras que limitan el acceso de las mujeres al cuidado de salud de calidad”. En el Plan también se hace referencia a las tentativas de asegurar mejores interacciones entre los que brindan los servicios de salud y los pacientes, la calidad de la atención, y el respecto por la autodeterminación de los clientes dentro de sus valores culturales. Finalmente, según lo anteriormente observado, por primera vez, el programa de planificación familiar incluyó la esterilización como una opción anticonceptiva (MINSA 1996, 30; 28-29).

Mientras que en gran parte las normas y los planes del régimen peruano reflejaban los acuerdos de El Cairo, el documento contuvo algunos defectos importantes y debilidades significativas, errores, sobretodo referidos a las metas en la provisión de servicios, que fueron identificados posteriormente por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría encontró que en estas metas, la extensión de los servicios de planificación familiar era extremadamente alta e iban en contra de los derechos reproductivos de las mujeres porque solo podían conseguirse parcial e inadecuadamente en los plazos previstos que eran muy cortos. Entre las 15 metas para la provisión de servicios, la Defensoría pidió un cambio en tres de ellas en marzo de 1998, después de una investigación hecha por la Defensoría del Pueblo, el Congreso, y una comisión especial nombrada por el Ministerio de Salud. Los cambios comprendían modificar la meta de “alcanzar” 50% de cobertura de contracepción femenina en sus años fértiles y 70% de mujeres en sus años fértiles en pareja, a “hacer el esfuerzo de alcanzar” igual número de mujeres. En su segunda modificación, la meta original de hacer la contracepción disponible al 60% de las mujeres adolescentes que tuvieran pareja también fue modificado a “evitar embarazos adolescentes no deseados”. La tercera modificación revisaba la meta de asegurar que toda mujer que de a luz en un hospital público se retirara usando algún método de protección, a brindar información post-parto respecto a los métodos de planificación familiar disponibles. Asimismo, los recursos asignados eran inadecuados y la planificación familiar fue aislada de otros programas que trataban aspectos de la salud reproductiva, tales como salud adolescente, el cuidado médico de las mujeres, el cuidado infantil, SIDA y las enfermedades sexualmente transmitidas, y cáncer cervical.[15]

El programa de Planificación Familiar en su estado revisado aparecía reflejar los acuerdos de El Cairo. Además de la retórica del Presidente Fujimori sobre los derechos de las mujeres y el eco de El Cairo, la publicidad del programa de planificación familiar aparecía como feminista al acentuar los derechos de las mujeres y de las parejas de elegir el número de sus hijos. Un anuncio periodístico para el programa señalaba: “hay los que todavía no entienden que las mujeres peruanas, o las parejas en el Perú, tienen el derecho de elegir.”[16] Estos factores transmitían la imagen de un programa progresista que favorecía libertades individuales y el bienestar reproductivo para las mujeres y los hombres.

Mientras tanto, otros documentos del gobierno revelan que los altos mandos del gobierno de Fujimori – es decir, la presidencia y la oficina del primer ministro – entendían la planificación familiar principalmente como una herramienta para el desarrollo económico. Es decir, con poca atención o respeto para la promoción de la salud o los derechos reproductivos. El hecho que en un alto nivel político la esterilización fuera privilegiada sobre otras formas de contracepción, fue algo que iba contra las normas de salud reproductiva convenidas en El Cairo, que favorecían la libertad de elegir, y revela la intención Fujimorista de enfatizar el control poblacional. El documento oficial más importante titulado Lineamientos Básicos de la Política Social, elaborado en noviembre de 1993 por el despacho del Primer Ministro, resume las ideas oficiales sobre las tendencias demográficas y económicas del Perú. Su argumento principal es que un crecimiento demográfico descontrolado rebasaría la capacidad de la economía nacional de proporcionar empleo adecuado y servicios sociales básicos. Aunque que este documento no ofrece una estrategia específica para el control de la población, proporciona la justificación para tal política (Primer Ministro 1993).

Otro documento oficial importante Política Social: Situación y Perspectivas discute los servicios de planificación familiar más explícitamente, como uno más de un número de bienes que se distribuirán a las comunidades más pobres. Esta perspectiva tenía el potencial de ampliar el acceso a los métodos de la planificación familiar a los más pobres, que no habían sido previamente beneficiados. Sin embargo, el documento también demuestra la clara preferencia del gobierno por la esterilización sobre otros métodos de planificación familiar. De los trece indicadores utilizados para medir el éxito de las políticas sociales se utilizó el número de “gente que opta por un método permanente de planificación familiar.” No se proporcionaban indicadores para cualquier otra forma de anticoncepción. Así, el número de las esterilizaciones quirúrgicas realizadas, se convirtió en uno de los trece criterios para la evaluación de la lucha contra la pobreza de la administración de Fujimori.[17]

Claramente, las metas fundamentales del programa de la planificación familiar de Fujimori eran el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, y no la salud o los derechos reproductivos. La lógica del gobierno era que una reducción en la población conduciría a un aumento en el PBI per cápita. Así, el control del cuerpo de la mujer era el interés principal de una elite política mayoritariamente blanca y masculina, como un medio de alcanzar sus metas de desarrollo económico.

Estas metas políticas contribuyeron al número significativo de abusos que existieron en el programa. El Presidente presionó a los profesionales del programa de planificación familiar de cumplir con las metas de esterilización y las precarias condiciones de trabajo de los empleados de la salud del estado condujeron a una baja calidad en la atención y a los abusos de derechos humanos. Los documentos discutidos anteriormente muestran como el Estado utilizó el número de mujeres esterilizadas como un indicador del éxito del programa contra la pobreza. Un ex-funcionario del programa narró como el Dr. Eduardo Yong Motta, consejero principal del gobierno en el tema de la planificación familiar designado por el mismo presidente, entraba en contacto semanal con los funcionarios del programa para fijar las cuotas crecientes de esterilizaciones quirúrgicas. Además, el Presidente o el Dr.Yong Motta asistieron a las reuniones semanales del programa para monitorear los logros alcanzados. Fujimori incluso se reunía directamente con los directores sub-regionales del sistema de salud nacional para promover esterilizaciones quirúrgicas al nivel local.[18]

Otro factor que contribuía a las muchas presiones de esterilizar a mujeres era la posición precaria de los empleados de la salud del estado, que estaban contratados en gran parte en contratos renovables de muy corto plazo de acuerdo a la productividad. Aunque de ninguna manera excusa sus acciones (ver Gonzalo Gianella en capítulo –), de esta manera se creaba inseguridad, inestabilidad y condiciones para las presiones de las autoridades sobre estos trabajadores de salud. Si las cuotas de esterilización no se alcanzaban, estos empleados arriesgaban perder sus trabajos en un momento en que los profesionales de salud parecían ser abundantes en Perú, pero los trabajos del sector salud eran escasos. Además, los trabajadores recibían incentivos financieros para alcanzar o superar las cuotas fijadas en las campañas locales de esterilización.[19]

Las campañas de esterilización apuntaron directamente a las mujeres más pobres y menos educadas que tenían poco acceso a la anticoncepción artificial por métodos temporales y que podían ser engañadas más fácilmente por los miembros del personal de salud del programa que intentaban satisfacer cuotas para recibir recompensas financieras. Esto iba en contra no sólo del consentimiento voluntario e informado para las esterilizaciones sino que además reflejaba las perspectivas clasistas y racistas de la elite peruana de dónde provenían los que diseñaron estas políticas.

Efectos Palpables

Aunque la época de las esterilizaciones en el Perú es ahora historia, esta historia todavía tiene efectos palpables en la política del país.  El asunto ha creado una división fuerte entre dos sectores de la derecha política peruana: la derecha social conservador católica y la derecha económico, neoliberal. A la vez, ha creado una necesidad por los defensores de los derechos reproductivos de estar atentos a las manipulaciones de los dos lados.

Bajo el gobierno del Presidente Alejandro Toledo (2001- 2006) los seguidores de sectores muy conservadores de la iglesia Católica, específicamente Sodalicio de Vida Cristiana y Opus Dei, ganó control del Ministerio de Salud, y utilizó la historia de las esterilizaciones como una plataforma para limitar los derechos reproductivos de las mujeres peruanas. En el 2001, el Ministro de Salud Luis Solari introdujo legislación, que nunca fue aprobada, que habría permitido a los médicos declarar una “objeción de conciencia” para evitar realizar acto médico alguno, como el aborto o la esterilización, que estuviera en contra de sus opiniones morales o éticas personales. Solari también introdujo exitosamente una ley declarando “el día del no-nato”, un día conmemorativo nacional oficial (Chávez 2004, 33;34;36). Su sucesor, Dr. Fernando Carbone continuó el ataque conservador-religioso, prohibiendo el uso de la palabra “género” en el Ministerio, y más destrozón, silenciosamente bajó los almacenes de contracepción del Ministerio de Salud. En sus informes del 2002 y del 2005, al investigar la planificación familiar en el Perú, la oficina de la Defensoría del Pueblo encontró que desde el 2001 había habido un aumento en los establecimientos de salud que negaban el acceso a la esterilización quirúrgica y no se daba información completa sobre la gama de los métodos anticonceptivos disponibles, entre otras problemas. También encontró que desde el 2001, había disminuido el stock de contraceptivos en los establecimientos de salud del Estado y a los pacientes se les cobraba por los mismos, en violación de la ley peruana (Defensoría del Pueblo 2002). En el 2003, feministas y activistas de la salud pública hicieron un exitoso lobby con el presidente Toledo para remover a Carbone del ministerio; y en años subsecuentes el programa se ha reconstruido, poco a poco.

Pero los efectos políticos de las esterilizaciones continúan aun, mas recientemente con declaraciones por de la derecha económica. En las elecciones presidenciales de 2011, la historia de las esterilizaciones fue un enfoque importante, uno que posiblemente fue crítico por el triunfo de Ollanta Humala (Ewig 2012). Cuando la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue candidata por la presidencia y pareció tener un fuerte apoyo en las encuestas populares, detractores pidieron a ella una explicación por la historia de esterilizaciones y abusos de derechos humanos bajo la administración de su padre. En respuesta, Keiko Fujimori y otros miembros de la derecha neoliberal negaron la existencia de esterilizaciones “forzadas”. Quizás más desconcertante fue la reacción del candidato vice presidencial, Rafael Rey – quien bajo el gobierno de Alberto Fujimori fue franco en contra de las esterilizaciones – quien en el momento de la campaña cambio de posición y declaró que las mujeres no han sido esterilizados “contra su voluntad, pero sin su voluntad” (Diario 16 2011). Como respuesta, una alianza de mujeres activistas con otros actores fue fundamental en llamar atención a esta problemática posición, y logró bajar el apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori.

Más recientemente, en Noviembre de 2012, el gobierno de Ollanta Humala apoyó la reapertura de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas declarando que las esterilizaciones fueron una de las formas “más salvajes de violentar a una mujer” (La República 2012). Aunque la reapertura de la investigación es buena, por las razones argumentados por Giula Tamayo en capítulo XX, es claro que la atención a las esterilizaciones por los dos tipos de derecha – religioso y económico-  es un fútbol político.  Por eso, los derechos reproductivos todavía requieren vigilancia continua para no ser subsumidos a las agendas políticas-económicos del momento.


[1] Este trabajo es una versión editado y revisado de Ewig, Christina “Hijacking Global Feminism: Feminists, the Catholic Church and the Family Planning Debacle in Peru.” Feminist Studies  Fall 2006 32(3): 632-659) y que fue traducido y publicado en español como “Secuestrando el feminismo global: Feministas, la Iglesia Católica y la debacle de la planificación familiar en el Perú” en: Marcos Cueto, Jorge Lossio, Carol Pasco eds. El Rastro de la Salud en El Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos and Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2009, 291-330.

[2] Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

[3] Seudónimo. Esta información así como la cita a continuación son de una entrevista realizada por la autora.

[4] Programas de control poblacional históricos incluyen las esterilizaciones a mujeres de Puerto Rico en la década de 1960, esterilizaciones masculinas en India en los años setenta, la política de un sólo hijo de China que se inició en 1979 y Sudáfrica durante el apartheid. Véase Kabeer (1994). En cuanto a reformas positivas en India, China y Sudáfrica como resultado de El Cairo, véase Harberland y Measham (1992).

[5] Los miembros incluían: los ministros de salud, educación y relaciones exteriores; la Secretaría para la Cooperación Técnica Internacional; los institutos nacionales de estadística; la Comisión para la Mujer del Congreso; UNFPA; OPS; USAID; la Comunidad Europea; Flora Tristán; Manuela Ramos; Red Nacional de Promoción de la Mujer; REDESS-Jóvenes; APROPO; IMPPARES; la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el Instituto de Población de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Barrig 1999, 4).

[6] Como ha observado Hartmann (1995) y Smyth (1998, 217-238), la ‘burocracia de la población’ posee diversas y conflictivas posiciones, sin embargo, en determinados momentos una posición hegemónica emerge.

[7] Para una crítica de la relación entre educación y fertilidad véase Jeffrey y Jeffrey (1998, 239-258).

[8] La posición de la Iglesia peruana con respecto a la paternidad responsable fue delineada en el documento Familia y Población publicado por el Episcopado Peruano, Marzo 19, 1974 (Varillas y Mostajo 1990, 380).

[9] Véase Lane (1994, 1303-1314), Smyth (1998) y Presser y Sen (2000).

[10] Programme of Action of the International Conference on Population Control and Development, Capítulo 7, Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva. Cairo, 1994, http://www.unfpa.org/icpd/icpd_poa.htm#ch7.

[11] En 1990 Perú experimentaba una inflación de 7,650% por año (INEI 1992).

[12] Discurso del Presidente Fujimori a la IV Conferencia Internacional de la Mujer de Naciones Unidas, septiembre 15, 1995, Beijing, China.

[13] Véase por ejemplo el Decreto Supremo No. 055-97-PCM, la ley que creó el COORDIPLAN, como legislación posterior, Decreto Supremo No. 011-98-PROMUDEH.

[14] Entrevista por la autora con Anónimo 6.

[15] Véase Ministerio de Salud 1996b, 26-27 para el original, y Resoluciones Ministeriales 089-98-SA/DM y 076-98-SA/DM para las modificaciones.  Información sobre los otros programas, de Anonymous 6, entrevista.

[16] Avisos como éste fueron frecuentes en 1998. Publicidad de una página entera A3 de El Sol, enero 21, 1998.

[17] “Política Social: Situación y Perspectiva a agosto 1997″ Documento de Trabajo. 21-08-97. Informe interno de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Apéndice 3 titulado: Comisión Interministerial de Asuntos Sociales: Indicadores de Seguimiento”. Ni las ligaduras de trompas ni las vasectomías son técnicamente irreversibles. Sin embargo, la cirugía requerida para revertir estos procedimientos es inaccesible a los más pobres del Perú. Un ex-funccionario del programa de planificación familiar también me indicó que la esterilización quirúrgica era considerada la opción más eficiente de acuerdo al costo de proveer planificación familiar. Entrevista con Anónimo 6. Barrig (1999), también encontró esta conexión.

[18] Entrevista, Anónimo 6.

[19] Para los testimonios de médicos sobre estos tipos de contratos laborales véase El Comercio (1998) y El Sol (1998).  Estas campañas e incentivos financieros están registrados en tres volúmenes de reportes publicados por la Defensoría del Pueblo (1998, 1999, 2002). Están también bien documentados en la prensa peruana, y he presenciado personalmente incentivos financieros cuando visité puestos de salud rurales en 1999.

Bibliografía

Alfaro, Rosa María. 1996. Agendas Públicas de Género. Inicios de una Nueva Etapa Pública: Entre Dificultades, Dilemas y Avances.  Consultoría de Inserción e Impacto de las Contrapartes de la Fundación Ford. Lima. Photocopy. Citado en Barrig, Maruja. 1999. “La Persistencia de la Memoria: Feminismo y Estado en el Peru de los 90.”  Lima: Proyecto Sociedad Civil y Gobernabilidad democrática en los Andes y el Cono Sur, Fundación Ford.

Barrig, Maruja. 1999. “La Persistencia de la Memoria: Feminismo y Estado en el Peru de los 90.”  Lima: Proyecto Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrática en los Andes y el Cono Sur, Fundación Ford.

Chávez A., Susana. 2004. Cuando el Fundamentalismo Se Apodera de las Políticas Públicas: Políticas de Salud Sexual y Reproductiva en el Perú en el Período Julio 2001-Junio 2003.  Lima: Flora Tristán.

Defensoría del Pueblo. 1998. Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Volumen I, Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo. Lima: Defensoría del Pueblo.

________________. 1999. La Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica y los Derechos Reproductivos. Volumen II, Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo. Lima: Defensoría del Pueblo.

________________. 2002. Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Volumen III, Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo.  Lima: Defensoría del Pueblo.

Diario 16. 2011. “No Fueron esterilizadas en contra de su voluntad, sino SIN SU VOLUNTAD.” 1 Junio. http://diario16.pe/noticia/5642-no-fueron-esterilizadas-en-contra-de-su-voluntad-sino-sin-su-voluntad (accedido June 2, 2011).

El Comercio. 1998. “Médico admite campaña del gobierno”,  23 Febrero, A14.

El Sol. 1998.  “Denuncian en EEUU plan de esterilización”, 25 Febrero, 3A.

Ewig, Christina. 2012. “The Strategic Use of Gender and Race in Peru’s 2011 Presidential Campaign.” Politics & Gender.  8(2): 267-274.

Gúzman, Alfredo. 2002. “Para Mejorar la Salud Reproductiva.” En: Juan Arroyo, ed. La Salud Peruana en el Siglo XXI. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social, DFID y the Policy Project, 185-238.

Haberland, Nicole y Diana Measham, eds. 2002. Responding to Cairo: Case Studies of Changing Practice in Reproductive Health and Family Planning. New York: Population Council.

Hartmann, Betsy. 1995. Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control. (edition revisado) Boston: South End Press.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 1992. Perú: Compendio Estadístico 1991-2. Lima: Instituto Nacional de Estadística y Informática.

Jeffery, Patricia y Roger Jeffery. 1998. “Silver Bullet or Passing Fancy? Girls’ Schooling and Population Policy.” En  Feminist Visions of Development: Gender Analysis and Policy, eds. Cecile Jackson and Ruth Pearson. London: Routledge, 239-258.

Jonas, Susanne. 1996. “Rethinking Immigration Policy and Citizenship in the Americas: A Regional Framework.” Social Justice. 23 (3): 68-85.

Kabeer, Naila. 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought.  London: Verso.

La República. 2012. “Humala: ‘Esterlizaciones forzadas – una forma salvaje de violentar a una mujer.” 26 Noviembre.

Lane, Sandra D. 1994. “From Population Control to Reproductive Health: An Emerging Policy Agenda.” Social Science and Medicine 39:9 Pp. 1303-1314.

Ministerio de Salud (MINSA). 1996. “Programa de salud reproductiva y planificación Familiar.” Lima: MINSA, UNFPA.

Primer Ministro. 1993. “Lineamientos Básicos de la Política Social.” Lima: Primer Ministro.

Presser, Harriet B. y Gita Sen. 2000. Women’s Empowerment and Demographic Processes: Moving Beyond Cairo.  New York: Oxford University Press.

Smyth, Ines. 1998. “Gender Analysis of Family Planning: Beyond the ‘Feminist vs. Population Control’ Debate.”  En  Feminist Visions of Development: Gender Analysis and Policy, eds. Cecile Jackson and Ruth Pearson. London: Routledge, 217-238.

Varillas, Alberto y Patricia Mostajo. 1990. La Situación Poblacional Peruana, Balance y Perspectivas. Lima: INANDEP.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: