JUSTICIA

Esterilizaciones forzadas en el Perú: la lucha por la justicia y contra el silencio 

por Gabriella Citroni*

  1. La esterilización forzada y el derecho

En derecho penal internacional, la esterilización forzada puede calificarse, de acuerdo con las circunstancias, de crimen de lesa humanidad, genocidio o crimen de guerra.

Así, el Art. 2 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (París, 1948, ratificada por Perú el 24 de febrero de 1960) incluye las “medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo” entre los actos que, perpetrados con la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”, constituyen genocidio.

En el mismo sentido se expresa el Art. 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma, 1998, ratificado por Perú el 10 de noviembre de 2001). Asimismo, el Art. 7 del Estatuto incluye entre los crímenes de lesa humanidad la esterilización forzada, siempre y cuando se cometa “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. En este sentido, el Estatuto de Roma aclara que por ataque contra una población civil se entenderá una “línea de conducta que implique la comisión múltiple de crímenes contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer estos crímenes o para promover esa política”. Finalmente, el Art. 8, 2, b, xxii del Estatuto incluye la esterilización forzada entre los crímenes de guerra.

Los principales instrumentos de derecho internacional humanitario prohíben de manera inderogable, en general, cualquier forma de tortura o mutilaciones perpetradas tanto en el marco de conflictos internacionales como de conflictos internos.

De ser cometida por agentes estatales o, de alguna manera, con la tolerancia, aquiescencia o el apoyo del Estado, la práctica de la esterilización forzada viola numerosos derechos humanos reconocidos por distintos instrumentos internacionales, entre los cuales el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud y, de acuerdo con las circunstancias del caso, el derecho a la vida, y el derecho a la igualdad ante la ley.

Finalmente, la esterilización forzada puede constituir un delito de acuerdo con los códigos penales de diferentes países. En el caso de Perú no existe una figura delictiva denominada “esterilización forzada”, si bien se ha presentado un proyecto de ley en este sentido que se encuentra pendiente ante la Comisión de Justicia.

De todas maneras, aún ante la falta de un tipo penal específico, se podrían invocar los tipos penales de lesiones graves o leves (Art. 121 y 122 código penal); tortura (Art. 321 código penal); cooperación de profesional en la comisión de tortura (Art. 322 código penal); abuso de autoridad (Art. 376 código penal), y, según las circunstancias, homicidio culposo (Art. 111 código penal). Además, la Ley General de Salud (Ley No. 26842 de 15 de julio de 1997) contiene disposiciones pertinentes en materia de protección de los derechos a la vida y a la salud (Art. 4, 6, 15, 26, 27 y 40 de la Ley General de Salud).

Asimismo, cabe destacar que el Art. 319 del código penal peruano tipifica el genocidio, incluyendo las “medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo” y la “lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo”, cometidas con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso. La sanción prevista es la pena privativa de libertad no menor de veinte años.

A la luz de lo anterior, se desprende que la práctica de esterilización forzada está tipificada como delito y sancionada tanto por el derecho internacional como por el derecho interno.

  1. Iniciativas para denunciar la práctica de esterilización forzada en el Perú y obtener justicia

Entre 1996 y 2000, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, en aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, miles de mujeres peruanas (en su mayoría en situación de pobreza, indígenas, y residentes en las áreas periféricas urbanas, rurales, andinas y amazónicas del país) fueron sometidas a operaciones de ligadura de trompas sin su consentimiento. Estas operaciones se rubricaron de “anticoncepción quirúrgica voluntaria” (AQV), aunque investigaciones sucesivas comprobaron que en muchos casos las mujeres que fueron sujetas a dichas intervenciones sufrieron amenazas, intimidaciones, engaños, humillaciones y constricciones. Asimismo, en algunos casos los proveedores de salud ofrecieron dinero o alimentos a las pacientes para que se sujetaran a una AQV (en particular durante los así llamados “Festivales de Ligadura de Trompas”). En general, no se adoptaron medidas que permitieran un genuino consentimiento informado de las pacientes que se sometieron a la operación.

Se estima que entre 1996 y 2000 más de 270,000 mujeres fueron esterilizadas. En más de 2,000 casos la esterilización se produjo sin el consentimiento de las pacientes, pudiéndose así calificar de forzada. Asimismo, han sido documentados 18 casos de muerte ocasionada por las operaciones de esterilización o la sucesiva falta de atención medica. En el mismo contexto se produjeron miles de vasectomías. Sin embargo, el presente escrito tratará sólo de las esterilizaciones forzadas de mujeres.

A lo largo de los años se han dado varias iniciativas de diferente naturaleza tanto a nivel interno como a nivel internacional para denunciar la existencia de dicha práctica y tratar de garantizar a las víctimas y sus familias el acceso a la justicia y a medidas de reparación integral, así como el juzgamiento y la sanción de los responsables. Sin embargo, hasta la fecha se trata de un proceso que ha conocido muchos obstáculos y que todavía no culmina con una asunción de responsabilidad por parte del Estado, ni con un éxito significativo.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron la existencia de una práctica sistemática de esterilizaciones forzadas en el Perú desde mediados de 1996.

En 1997 la prensa nacional publicó investigaciones al respecto (en particular, los diarios República y El Comercio).

En el mismo año, organizaciones no gubernamentales activas en materia de defensa de los derechos humanos y, en particular, de los derechos reproductivos, tales como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM) y Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), comenzaron a presentar quejas contra hospitales y personal médico acusados de no haber operado con la debida diligencia y de estar involucrados en casos de esterilización forzada. Estos primeros intentos se concluyeron con el archivo de los expedientes por parte de la justicia ordinaria, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia y reparación y alimentando el clima de impunidad. Ante la falta de acción por parte de los fiscales y de los tribunales, varios casos fueron referidos a la Defensoría del Pueblo.

En 1998 la Defensoría del Pueblo de Perú emitió el informe defensorial No. 7 dedicado a la investigación de casos de esterilizaciones forzadas relacionados con la AQV, en el cual se concluía que “la esterilización involuntaria vulnera los derechos fundamentales a la integridad física y al libre desarrollo de la persona, reconocidos en el Art. 2 inciso 1 de la Constitución, y constituye delito contra la vida, el cuerpo y la salud” y se destacaba que “corresponde igualmente a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal en cada caso”. Asimismo, se exhortaba a “las personas y organizaciones de la sociedad civil que conozcan casos en los que se haya esterilizado a mujeres sin su consentimiento, sin contar con la información suficiente, a cambio de alimentos, o en los que la intervención quirúrgica haya presentado complicaciones, a que presenten su queja ante la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo la investigación correspondiente”. Asimismo, la Defensoría recomendó al Ministro de Salud “establecer en el presupuesto del sector o del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar los recursos necesarios para indemnizar a las personas – o a los familiares de ser el caso – que hubieran sido esterilizadas sin su consentimiento, sufrido complicaciones o fallecido como consecuencia de intervenciones que no hubieran cumplido con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales”.

En marzo de 1998 se constituyó una comisión conformada por profesionales del Colegio Médico de Perú, la Sociedad de Gineco-Obstetricia y la universidad peruana, encargada de investigar las irregularidades cometidas en aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Sin embargo, por mucho tiempo los resultados del trabajo de dicha comisión no se dieron a conocer ni al público ni a la Defensoría del Pueblo, a pesar de reiterados pedidos por parte de esta última.

En 1999 la Defensoría del Pueblo publicó un segundo informe (No. 27) sobre la aplicación de la AQV, en el que se investigan 157 casos relativos a vulneraciones de los derechos reproductivos y a la salud. Sin embargo, la propia Defensoría resaltaba la existencia de algunos límites al alcance del informe, a saber “a partir de las quejas presentadas a la Defensoría del Pueblo no es posible dar cuenta del universo de problemas que se han generado en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000”. En el informe se relataba de varios casos donde las mujeres sometidas a AQV no habían prestado su consentimiento informado a la práctica, habían sido sujetas a presiones, amenazas o engaños. Al analizar el estado de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público con respecto a casos de esterilización forzada y los procesos judiciales relacionados, la Defensoría constató que, de un total de 35 procesos, sólo cuatro se habían concluido con sentencia judicial, mientras la mayor parte continuaba en trámite. En los tres casos de sentencia condenatoria (donde la víctima había muerto como consecuencia de la operación o de la sucesiva falta de atención médica), la reparación civil fijada oscilaba entre 500 y 3,000 soles. En los mismos juicios los acusados habían sido condenados a penas privativas de la libertad de entre uno y cuatro años, con ejecución suspendida. A parte de los casos que se encontraban en trámite, en las otras instancias se habían emitido resoluciones de archivo o sentencias absolutorias.

Al respecto, la Defensoría concluyó que “una parte significativa de las denuncias por homicidio culposo y lesiones son archivadas por el Ministerio Público, lo que impide una investigación más profunda y la determinación de responsabilidad penal. Adicionalmente, hay casos en los que el Ministerio Público ha tardado más de un año antes de formalizar denuncia penal. Por otro lado, en los pocos casos de muerte en los que hay sentencia condenatoria la reparación civil fijada por el Poder Judicial es manifiestamente reducida”. Asimismo, refiriéndose a la recomendación formulada en 1998 en el sentido de garantizar la reparación a las víctimas de esterilización forzada, la Defensoría informó que el Ministro de Salud nada había dicho en relación a la reparación económica de las víctimas. En este sentido, la Defensoría instó a los miembros del Ministerio Público a que investigaran los casos relacionados a esterilizaciones forzadas en un plazo razonable. Además, se encargó a la Defensora Especializada en los Derechos de la Mujer que solicitara proceso administrativo contra los funcionarios que hayan incumplido el deber de cooperación, y pusiera en conocimiento del Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público aquellos casos en los que se advirtiera que los fiscales habían archivado indebidamente una denuncia vinculada a una esterilización quirúrgica.

Asimismo, entre 1998 y 1999 CLADEM dio a conocer dos informes donde se relataba detalladamente la existencia una práctica de esterilizaciones forzadas y se denunciaba las violaciones de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

El 15 de junio de 1999, las organizaciones no gubernamentales DEMUS, CLADEM, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP), y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de Perú por haber violado los derechos humanos de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, al someterla de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que finalmente ocasionó su muerte.

En el caso específico, la señora Mestanza Chávez, campesina de 33 años de edad, madre de siete hijos, desde 1996 había sido objeto de reiteradas presiones por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada para que se esterilizara. En estas ocasiones el personal de salud amenazaba con denunciar a ella y a su esposo, aduciendo la existencia de una presunta ley de acuerdo con la cual una persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería encarcelada. Estas presiones lograron que el 27 de marzo de 1998, la señora Mestanza Chávez se sometiera a una operación de ligadura de trompas en el Hospital Regional de Cajamarca. La señora Mestanza Chávez falleció en su casa el 5 de abril de 1998, como consecuencia de las complicaciones post-operatorias no debidamente atendidas por el personal de salud. El marido de la señora Mestanza Chávez denunció al Jefe del Centro de Salud por homicidio culposo. Sin embargo, la Jueza Provisional de la localidad declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Tal decisión fue confirmada por la Sala Especializada en lo Penal y el 16 de diciembre de 1998 la Fiscal Provisional ordenó el archivo definitivo del expediente.

Los peticionarios ante la CIDH alegaban la violación por parte del Estado de los derechos a la vida, a la integridad personal, y a igualdad ante la ley, consagrados en los Art. 4, 5, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como violaciones a los Art. 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), a los Art. 3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a los Art. 12 y 14.2 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En la petición se dejaba de manifiesto que el caso de la señora Mestanza Chávez debía ser analizado como representativo de “un número significativo de casos de mujeres afectadas por la aplicación de una política gubernamental de carácter masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales”.

Sin embargo, la CIDH no llegó a pronunciarse sobre el fondo del caso, porque el 26 de agosto de 2003 los peticionarios y el Estado acordaron una solución amistosa. En dicho acuerdo, Perú reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los Art. 1.1, 4, 5 y 24 de la Convención Americana, así como del Art. 7 de la Convención de Belém do Pará, en agravio de la señora Mestanza Chávez.

Asimismo, Perú se comprometió a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares. Además, Perú asumió otorgar una indemnización por daño moral a favor del esposo y de los hijos de la señora Mestanza Chávez (10,000 US $ por cada uno de ellos); 2,000 US $ por cubrir los gastos de velorio y entierro asumidos por la familia; 20,000 US $ para adquirir un terreno o una casa en nombre de los hijos de la señora Mestanza Chávez. Perú se comprometió también a otorgar 7,000 US $ a la familia de la víctima por concepto del tratamiento de rehabilitación psicológica, así como un seguro permanente de salud. Además, el Estado asumió brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario y secundario, en colegios estatales; y educación superior gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales. Finalmente, Perú se comprometió a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre temas de salud reproductiva y planificación familiar, eliminando cualquier enfoque discriminatorio y respetando a la autonomía de las mujeres; y a adoptar e implementar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo al respecto.

Las partes se empeñaron a informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimento del arreglo amistoso. En 2010, la CIDH declaró que Perú había incumplido con varias de las obligaciones asumidas en el acuerdo de solución amistosa de 2003. Sin embargo, a finales de 2012, es decir casi nueve años tras la conclusión del acuerdo de solución amistosa, se han cumplido las medidas reparatorias económicas y en salud, mientras se han incumplido la reparación educativa y el compromiso de investigar y sancionar a los responsables. La CIDH continúa supervisando el cumplimiento de dichas medidas y puede considerar la oportunidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los años sucesivos han sido presentadas a la CIDH dos peticiones más relativas a casos de esterilización forzada (perpetrados respectivamente en Piura y en La Molina, en Lima) y se encuentran actualmente pendientes ante dicho organismo internacional.

Antes de la conclusión del acuerdo de solución amistosa en el caso Mestanza Chávez, en 2001 se instituyó una subcomisión del Congreso de la República (“Subcomisión investigadora de personas e instituciones involucradas en las acciones de AQV”), presidida por el señor Héctor Chávez Chuchón, y encargada de investigar la práctica de esterilizaciones forzadas. Dicha subcomisión declaró que tanto Fujimori, como los diferentes Ministros de Salud, tenían pleno conocimiento de la existencia del fenómeno y de su magnitud y se mantenían regularmente informados al respecto, sin tomar alguna medida para sancionar las instancias de esterilización forzada. A conclusión de los trabajos de la subcomisión, el señor Chávez Chuchón presentó una denuncia constitucional (No. 151) contra el ex presidente Alberto Fujimori (en ese entonces residente en Japón) y los ex Ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos contra la libertad individual, contra la vida, el cuerpo y la salud, por el delito de asociación ilícita para delinquir y por el delito de genocidio. La denuncia constitucional fue archivada el 17 de marzo 2003, y el 7 de abril del mismo año la Comisión Permanente del Congreso acordó no aprobar la reconsideración interpuesta contra el precedente acuerdo del pleno.

Sin embargo, el señor Chávez Chuchón presentó la denuncia también ante la Fiscalía de la Nación, lo cual llevó a la apertura por parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la investigación No. 18-2002 por los delitos de “genocidio y otros” en agravio de 2073 mujeres, entre las que figuraban 17 fallecidas.

En 2002, la Defensoría del Pueblo emitió su tercer informe sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos (No. 69), en el cual se analizan las 773 quejas recibidas por la Defensoría. En el informe se relataban nuevos numerosos casos en los que las mujeres no habían dado su consentimiento informado a la operación de esterilización, o bien por haber sufrido presiones y amenazas, o por haber sido víctimas de engaños por parte del personal de salud involucrado, que inclusive había recurrido a cobros indebidos. En este informe no se incluyó un análisis pormenorizado del estado de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público con respecto a casos de esterilización forzada y de los procesos judiciales relacionados, ni tampoco se evaluó el estado de las reparaciones a favor de las víctimas y sus familias.

El 13 de agosto de 2003, la congresista Dora Núñez Dávila interpuso una nueva denuncia constitucional (No. 269) contra el ex presidente Fujimori y los tres precitados ex Ministros de Salud, acusándoles de crímenes de lesa humanidad en la modalidad de tortura, lesiones graves seguidas de muerte, secuestro y asociación ilícita para delinquir. En 2004 la Fiscal de la Nación resolvió que no había lugar a la denuncia constitucional contra el ex presidente Fujimori. Sin embargo, en 2005 el Congreso remitió la denuncia a la Fiscal de la Nación pidiendo nuevamente la apertura de la investigación.

Por otro lado, a raíz del acuerdo de solución amistosa suscrito por Perú en el caso Mestanza Chávez, se inició otra investigación. En este sentido, en 2004 la Fiscalía de la Nación remitió el acuerdo de solución amistosa suscrito por Perú a la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos, que dispuso su acumulación a la ya mencionada investigación No. 18-2002, elevando el número de mujeres fallecidas a 18.

El 26 de mayo de 2009, el Ministerio Público resolvió archivar la investigación No. 18-2002 señalando que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni tortura y que los delitos enmarcados en el código penal no se habrían configurado o estarían prescritos.

Ante esta resolución tanto la Procuraduría del Ministerio de Justicia, como las organizaciones no gubernamentales DEMUS e Instituto de Defensa Legal (IDL), presentaron tres recursos argumentando que las esterilizaciones cometidas en el contexto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fueron una política de Estado y, por lo tanto, amontarían a un crimen de lesa humanidad.

El 11 de diciembre de 2009, la Primera Fiscalía Superior Anticorrupción resolvió en el mismo sentido del Ministerio Público, declarando infundados los recursos de quejas presentados.

El 11 de junio de 2010, DEMUS presentó una nueva petición ante la CIDH para que las víctimas, entre otras, de esterilizaciones forzadas, tengan acceso a justicia y reparación. El caso se encuentra en trámite ante la CIDH.

Mientras tanto, en el Perú, mediante resolución No. 2073-2011-MP-FN del 21 de octubre de 2011, el Ministerio Público resolvió la reapertura de las investigaciones que podría culminar en una nueva denuncia.

Finalmente, el 24 de noviembre de 2012 la Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima decidió reabrir las investigaciones en el caso Mestanza Chávez bajo el rubro de “delito de lesa humanidad” y no como delito común. La decisión de la Fiscalía de reabrir la investigación ha sido seguramente influenciada por la presión ejercida por parte de la CIDH en el marco del arriba mencionado proceso de supervisión del acuerdo de solución amistosa del caso. En este sentido, cabe señalar que el 12 de julio de 2012 la CIDH expresó formalmente su preocupación respecto al precedente archivamiento de la investigación y planteó la reapertura de las investigaciones, subrayando que el caso se dio como consecuencia de una política pública y que, por lo tanto, podría calificarse de delito de lesa humanidad.

Por lo tanto, la lucha para obtener justicia por los daños sufridos continúa. Tanto las organizaciones de víctimas de esterilización forzada como distintas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos siguen denunciando ante organismos internacionales la existencia de dicha práctica y la falta de medidas eficaces por parte del Estado peruano para juzgar y sancionar a los responsables y garantizar una reparación integral por el daño padecido a las víctimas y a sus familias.

En mayo de 2012 el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación porque “las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000 no hayan obtenido aún reparación” recomendó al Estado investigar “de manera efectiva, sin más demora, todos los casos de esterilización forzada” y garantizar “una adecuada dotación de recursos para esas investigaciones penales” y velar “porque las víctimas reciban una reparación adecuada”.

De último, en noviembre de 2012 también el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura expresó su preocupación por las “[…] 2000 mujeres que fueron sometidas a esterilización forzada entre 1996 y 2000 en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y que todavía no han obtenido reparación”. En este sentido, el Comité indicó que dicha situación es incompatible con las obligaciones establecidas por los Art. 2, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (New York, 1984; ratificada por Perú el 7 de julio de 1988). Asimismo, el Comité recomendó al Estado “acelerar las investigaciones pendientes relacionadas con los mencionados casos de esterilización forzada, abrir otras investigaciones imparciales, rápidas y eficaces en otros casos similares, y garantizar que todas las víctimas reciban una reparación adecuada”.

  1. El silencio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las esterilizaciones forzadas

Mediante decreto supremo No. 065-2001-PCM del 2 de junio de 2001 se estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante “CVR”) con el mandato de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado” (Art. 1, el resaltado es agregado). El Art. 3 del citado decreto dispone que la CVR enfocará su trabajo, entre otros, sobre “torturas y otras lesiones graves, violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país, otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas”, siempre y cuando sean imputables a las organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a grupos paramilitares.

Como lo indicó la propia CVR la formulación abierta de los incisos “torturas y otras lesiones graves” y “otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas” reconocía la posibilidad que la CVR decidiese incluir conductas que no hubieran sido explícitamente señaladas, pero que —por analogía— presentasen similar seriedad.

La CVR no tuvo atribuciones jurisdiccionales y que, por lo tanto, no sustituyó en ningún momento al Poder Judicial y al Ministerio Público. En este sentido, sus principales funciones estaban relacionadas con el esclarecimiento de los hechos acontecidos entre 1980 y 2000 (ya sea “violencia terrorista” o “violación a los derechos humanos”), procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las presuntas responsabilidades, y elaborando propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares.

Durante tres años la CVR recogió documentación; entrevistó personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos, llevó a cabo audiencias públicas (por un total de más de 16,900 testimonios recogidos); y practicó visitas e inspecciones a lo largo de todo Perú.

Cabe resaltar que cuando la CVR comenzó su labor la existencia de la práctica de la esterilización forzada en el Perú era un hecho de dominio público. Por un lado, entre 1997 y 1999 la organización CLADEM había publicado dos extensos informes al respecto y la prensa nacional había publicado artículos e investigaciones independientes. Por otro lado, el caso de Mamérita Mestanza Chávez había sido referido a la CIDH y los peticionarios y el gobierno estaban a punto de alcanzar una solución amistosa. Asimismo, la Defensoría del Pueblo había sacado a la luz dos informes sobre dicha práctica, de los cuales resultaba claramente la existencia de violaciones de los derechos humanos de las mujeres involucradas.

Considerando las características y la magnitud de la práctica de la esterilización forzada en el Perú, dicha política habría podido considerarse cubierta por el mandato de investigación y esclarecimiento de la CVR, en tanto que violación de varios derechos humanos atribuible a agentes estatales y perpetrada en el periodo de competencia de la CVR. En este sentido, habría podido ser analizada entre “torturas y otras lesiones graves” o entre “otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas”.

Sin embargo, así no fue. El 28 de agosto de 2003 se dio a conocer el informe final de la CVR. En las conclusiones de la CVR no se menciona la existencia de la práctica de la esterilización forzada. En la versión integral del informe final se dedican tres secciones respectivamente a “violencia sexual contra la mujer”, “tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y “violación de los derechos colectivos”. Sin embargo, en ninguno de estos apartados se analiza el tema de la esterilización forzada, aunque en la sección titulada “violencia sexual contra la mujer” se mencionan expresamente las disposiciones del Estatuto de Roma (Arts. 7 y 8) que califican la esterilización forzada respectivamente de crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Por otro lado, la CVR toma en cuenta el tema del genocidio, aunque refiriéndose sólo a la población indígena asháninka y a las violaciones padecidas por aquélla (desplazamiento forzado, condiciones de vida infrahumanas, asesinatos, esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso), y no analiza bajo este ángulo la práctica de esterilización forzada.

El abrumador silencio de la CVR con respecto a la existencia de una práctica sistemática de esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000 ha causado que las miles de mujeres que padecieron dicho crimen no fueran consideradas entre las víctimas reconocidas por la CVR, y por lo tanto fueran relegadas nuevamente a la invisibilidad. Asimismo, al no considerarse víctimas, tampoco se les incluyó entre las beneficiarias del programa integral de reparaciones, determinando una nueva instancia de marginalización y discriminación en su contra.

En un primer momento los comisionados trataron de justificar la exclusión del análisis de la práctica de la esterilización forzada del informe final de la CVR aduciendo que dicho crimen no estaba incluido expresamente en su mandato. Sin embargo, tal argumento ha sido rápidamente descartado, al ser evidente que otros crímenes que tampoco estaban nombrados expresamente en el decreto supremo de establecimiento de la CVR – tales como el desplazamiento forzado interno – habían sido analizados e incluidos en el informe final.

Se ha entonces tratado de motivar la ausencia de referencias a las esterilizaciones forzadas, alegando que dicho fenómeno no guardaría una relación directa sino meramente tangencial con el conflicto armado peruano. Asimismo, se ha argumentado que la documentación y el análisis de la práctica de esterilización forzada no hubieran sido necesarias debido a la existencia de los informes elaborados en precedencia por la Defensoría del Pueblo o las comisiones de investigación del congreso.

Todas estas posturas no han sido exentes de críticas. En efecto, el decreto que crea la CVR no limita formalmente su competencia a las solas violaciones de los derechos humanos que guarden una relación directa con el conflicto armado peruano. Tras haber sido confrontados con esta observación, el presidente de la CVR Salomón Lerner Febres y el comisionado Carlos Iván Degregori cambiaron su postura, declarando que la esterilización forzada podía estar incluida en el mandato de la CVR, y que se le excluyó por “falta de tiempo y recursos”.

En el informe final la CVR introdujo un capítulo con título “violencia y desigualdad de género”, donde se declara haber llegado a la conclusión que la violencia “afectó de manera diferente a hombres y mujeres” y que “las distintas posiciones sociales y roles de género ocupados por varones y mujeres producen efectos específicos en cada uno de ellos”. Así, “las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que difieren de aquellos infligidos a los varones”. Además, la CVR constató que “estas diferencias no son nuevas y retoman situaciones previas de desigualdad de género, étnicas y sociales que es preciso conocer para poder actuar en consecuencia. La CVR considera importante hacer visible estas diferencias pues permiten dar cuenta de situaciones diversas aportando así el establecimiento de la verdad”. Estas reflexiones son seguramente valiosas y acertadas, porque miran a reconstruir las causas más profundas de las violaciones perpetradas y su real impacto en las víctimas para poder cambiar la situación en el futuro. Sin embargo, es particularmente lamentable que la CVR no haya podido encontrar tiempo y recursos para incluir a las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas en este análisis, condenándolas una vez más a la invisibilidad.

En la actualidad, las organizaciones de víctimas y de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos luchan para que se incluya a las víctimas de esterilización forzada (considerada como una forma de violencia sexual) entre los beneficiarios del plan de reparaciones adoptado como consecuencia de las recomendaciones de la CVR.

Sin embargo, subsiste una discriminación entre las varias víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, debido a que a algunas se les garantiza el acceso a un amplio abanico amplio de medidas de reparación, a otras se les posibilita sólo el acceso a un seguro de salud, y otras quedan totalmente excluidas. En este sentido, varias organizaciones peruanas están insistiendo para que se reconozca a la esterilización forzada como una forma de violencia sexual y, por lo tanto, sus víctimas se inscriban como tales en el Registro Único de Víctimas y se les permita el acceso a una indemnización rápida, justa y adecuada, así como a medidas de reparación que garanticen la rehabilitación, la satisfacción (incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación) y la no repetición.

  1. Retos futuros

En 2012, más de 15 años después del lanzamiento del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, miles de mujeres permanecen sin justicia y sin reparación por los daños sufridos.

A pesar de las múltiples iniciativas lanzadas tanto a nivel interno como internacional por diferentes actores (las propias víctimas, sus familias o sus asociaciones; organizaciones no gubernamentales; congresistas; prensa; miembros de la sociedad civil), hasta la fecha no se ha logrado un éxito contundente. Sin embargo, estas mujeres y sus familias siguen exigiendo que se establezca y se dé a conocer la verdad sobre las circunstancias y la magnitud del fenómeno; se identifiquen, juzguen y sancionen los responsables (ya sean los médicos o el personal de salud involucrado, ya sea los mentores políticos e intelectuales de la práctica); y se les repare de manera integral por el perjuicio padecido, correspondiéndoles sin demora una justa y adecuada indemnización, adoptando medidas de rehabilitación, y, sobretodo, medidas que permitan restablecer su dignidad y reputación.

Por cierto, no sólo las mujeres victimizadas por las esterilizaciones forzadas y sus familias tienen un interés directo – más allá de un derecho – a que lo anterior se realice, sino que la propia sociedad peruana en su conjunto tiene el derecho inalienable a conocer la verdad sobre lo acontecido y a ver debidamente sancionados los responsables. Esto representa una garantía fundamental contra la repetición, para preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas o negacionistas. Asimismo, se trata de una deuda pendiente que toda la sociedad tiene con estas mujeres, a las que se les marginalizó, excluyó del goce de sus derechos y libertades fundamentales y, al negarles el acceso a la justicia y a la reparación, en definitiva se las pretendió silenciar e invisibilizar.

Sin embargo, la CVR perdió una oportunidad histórica para comenzar a saldar esta deuda y en cambio replicó de alguna manera los mecanismos de exclusión social y de discriminación de género que pretendía denunciar. La propia CVR había destacado que la reconciliación, entendida como la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, es hecha posible – y necesaria – por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido, tanto en lo que respecta al registro de los hechos como a la explicación de las causas que los produjeron, así como por la acción sancionadora y reparadora de la justicia.

A la luz de lo anterior, quedan varios retos pendientes, para la realización de los cuales puede resultar fructífera la interacción entre iniciativas emprendidas a nivel nacional, respaldadas por acciones a nivel internacional.

En primer lugar, es de esperarse que los fiscales y los tribunales peruanos finalicen las investigaciones y los procesos abiertos tanto contra los autores materiales de la práctica de esterilizaciones forzadas, como los autores intelectuales. Sin embargo, en este contexto es oportuno que se apliquen los tipos penales más adecuados, teniendo en cuenta tanto la dimensión sistemática que tuvo esta práctica, y las intenciones de los autores intelectuales, como los perjuicios de naturaleza permanente producidos en las víctimas. Asimismo, la calificación de crímenes de lesa humanidad es importante para poder superar el obstáculo de la prescripción. Además, en aras de luchar contra la impunidad y de prevenir futuras violaciones, es necesario que se impongan sanciones conmensuradas a la gravedad del crimen. En el mismo contexto, es oportuno que se lleve debidamente a cabo el trámite pendiente en la actualidad con respecto a la tipificación en el código penal peruano del delito de esterilización forzada. Esto representará una herramienta penal disuasiva, que permita la sanción penal de toda persona que cometa, ordene o induzca a la comisión de una esterilización forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma, así como de todos los superiores jerárquicos que no hayan adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una esterilización forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Asimismo, es de crucial importancia que Perú adopte sin más demora un programa de reparaciones integrales destinado a las víctimas de esterilización forzada y sus familias. Para garantizar una reparación plena y efectiva, más allá de la indemnización pecuniaria, se deberán adoptar medidas vueltas a asegurar la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. Por lo que concierne a la indemnización, esta deberá ser proporcional a la gravedad de la violación y cubrir los daños físicos y mentales, la perdida de oportunidades (por ejemplo las de empleo, educación y prestaciones sociales); los daños materiales; los perjuicios morales; y los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos, servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

En el caso de la “restitución”, se deberá tratar de devolver a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación anterior a la violación. Por cierto, esto comprende el restablecimiento del disfrute de los derechos humanos y de la vida familiar. Esto cobra un significado particular donde las mujeres sometidas a esterilización forzada vivían en una situación de marginalización completa aún antes de la esterilización y, por lo tanto, se trata de “restituirlas” con plena dignidad y con la posibilidad de gozar de todos sus derechos fundamentales a una sociedad de la cual habían sido siempre excluidas. De allí que las medidas reparatorias deben tener un poder “transformador” para sus beneficiarias.

Por lo que concierne a la rehabilitación, será necesario garantizar atención médica y psicológica, así como el acceso gratuito a servicios jurídicos y sociales.

En consideración de los graves perjuicios acarreados a la dignidad de las víctimas será de suma importancia la adopción de medidas de “satisfacción”, cuales por ejemplo ceremonias de homenaje a las víctimas durante las cuales las autoridades ofrezcan sus disculpas públicas, reconozcan los hechos y acepten su responsabilidad. Sin embargo, para que este tipo de reparaciones resulten efectivas, es crucial que las beneficiarias participen activamente al diseño de estas medidas, expresando sus necesidades, preferencias y expectativas, sin ser relegadas a un papel pasivo de receptoras.

Considerando el rol jugado por el personal médico y de salud en la perpetración de las esterilizaciones forzadas es de esperarse que Perú adopte medidas especiales para sensibilizar a estas categorías, informarlas sobre las violaciones pasadas y educarlas al respeto de los derechos humanos. En el mismo sentido debe considerarse la adopción de medidas para la promoción de la observancia de códigos de conducta y de normas éticas para el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales.

Finalmente, para contribuir de manera real a la prevención de símiles violaciones y beneficiar al conjunto de la sociedad peruana, es de esperarse que el Estado patrocine iniciativas que permitan dar a conocer la verdad sobre los hechos, inclusive reservando un espacio a las esterilizaciones forzadas y a temas relacionados en el material didáctico a todos los niveles.

En las mencionadas observaciones finales sobre Perú de 2012, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas retoma muchas de estas recomendaciones con respecto a la necesidad de proporcionar una reparación adecuada e integral que incluya a todas las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el conflicto armado y tome en cuenta en particular los aspectos relacionados con rehabilitación y medidas que restablezcan la dignidad y la reputación de las víctimas.

Por otro lado, en consideración de que las esterilizaciones forzadas respondieron a una verdadera política del Estado entre 1996 y 2000, es indispensable mantener viva la presión internacional sobre Perú para que este último respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, de ser procedente, se le sancione por las violaciones cometidas. En este sentido, se puede mencionar un ejemplo que ha producido resultados considerables a nivel europeo. El 8 de noviembre de 2011, la Corte Europea de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso V. C. v. Eslovaquia, declarando la responsabilidad del Estado por violaciones de la prohibición de tortura y del derecho a la vida familiar y privada (Art. 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos) y ordenando el pago de una indemnización de 31,000 Euros por concepto de daño no material a favor de la víctima. El caso se refería a la esterilización forzada de V. C., mujer de etnia Rom que, en ese entonces tenía 20 años de edad y un hijo. La operación se llevó a cabo mientras V.C. estaba dando a luz su segundo hijo y sin que ella entendiera realmente qué estaba pasando, pudiendo así formular un consentimiento válido a la ligadura de trompas. A causa de su siguiente infertilidad, la víctima fue rechazada por su comunidad y se separó de su esposo. Sin embargo, el caso se enmarca en una práctica de esterilizaciones forzadas o involuntarias de mujeres de etnia Rom, sometidas a esta operación por medio de presiones, amenazas o engaños.

El 12 de junio de 2012 la Corte Europea se ha pronunciado sobre el caso N.B. v. Eslovaquia, presentado por una mujer de etnia Rom que fue sometida a esterilización forzada siendo menor de edad, sin el previo consentimiento ni de ella ni de los padres o tutores legales. También en este caso la Corte Europea declaró violados el derecho a no ser sometida a tortura y tratos inhumanos o degradantes y el derecho a la vida privada y familiar (Art. 3 y 8 de la Convención Europea) de la víctima, y ordenó el pago de 25.000 Euros por concepto de daño no material.

De último, el 13 de noviembre de 2012 la Corte Europea ha emitido otro fallo sobre un caso similar (I.G. y otras v. Eslovaquia), presentado por tres mujeres de etnia Rom también sometidas a esterilización forzada en circunstancias parecidas al recordado caso V.C. Sin embargo, en el caso I.G. y otras, dos de las víctimas eran menores de edad cuando se le practicó la operación, nuevamente por medio de amenazas y engaños y sin obtener el consentimiento ni de las mujeres involucradas ni de sus padres. En su fallo, la Corte declaró violados los Art. 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y ordenó el pago de 28.000 Euros a favor de cada una de las víctimas por concepto de daño no material.

Estos fallos de la Corte Europea han contribuido a poner de manifiesto las responsabilidades del Estado y, como consecuencia, se han producido cambios significativos en la legislación nacional y se han reabierto los procesos ante los tribunales eslovacos en contra del personal médico involucrado.

Por lo que concierne Perú, hasta la fecha los intentos de investir el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para acertar la responsabilidad del Estado por violaciones cometidas contra las víctimas de esterilización forzada o sus familiares se han quedado – o se encuentran pendientes – ante la CIDH. Sin embargo, existe la posibilidad de que uno de estos casos llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estaría entonces en la posición de emitir un fallo cuyo impacto podría cambiar los equilibrios de esta situación y abrir camino a la toma de medidas efectivas a nivel nacional.

Así es auspicable que, si bien con lamentable retrazo, la interacción entre el nivel nacional e internacional pueda contribuir una vez por todas a hacer visibles las miles de mujeres que han sido sometidas a esterilización forzada, garantizándoles no sólo el acceso a la justicia y a la reparación por el daño padecido, sino finalmente su lugar en la sociedad peruana.

Vale aquí reproducir una observación expresada en su momento por la CVR: “la toma de conciencia de la magnitud del daño causado a nuestra sociedad debe llevarnos a todos a asumir parte de la responsabilidad, aun cuando ésta pueda y deba diferenciarse según grados. No sólo la acción directa de los protagonistas, sino también la complicidad silenciosa o desidia de muchos han contribuido a su manera a promover la destrucción de nuestra convivencia social. Debemos reconocer, pues, la naturaleza ética del compromiso por la reconciliación, es decir debemos admitir que las cosas pudieron ocurrir de otra manera y que muchos no hicimos lo suficiente para que así fuese”. Sin embargo, esta vez, hay que ampliar esta meritoria consideración hasta incluir a las miles de víctimas de esterilización forzada y a sus familias.


Bibliografía de referencia

–        Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP), Derechos de la mujer en el Perú: un reporte sombra, New York, 2000.

–        Colegio Médico de Perú, Informe Final, Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, Lima, 1998.

–        Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caso María Mamérita Mestanza Chávez v. Perú, informe No. 71/03 del 10 de octubre de 2003.

–        Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre Perú, doc. E/C.12/PER/CO/2-4 de 30 de mayo de 2012, párr. 24.

–        Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, Observaciones finales sobre Perú, doc. CAT/C/PER/CO/4 de 25 de julio de 2006, párr. 23.

–        Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, Observaciones finales sobre Perú, doc. CAT/C/PER/CO/6 de 23 de noviembre de 2012, párr. 15-18.

–        Corte Europea de Derechos Humanos, caso V.C. v. Eslovaquia, sentencia del 8 de noviembre de 2011.

–        Corte Europea de Derechos Humanos, caso N.B. v. Eslovaquia, sentencia del 12 de junio de 2012.

–        Corte Europea de Derechos Humanos, caso I.G. y otras v. Eslovaquia, sentencia del 13 de noviembre de 2012.

–        Defensoría del Pueblo de Perú, Informe defensorial No. 7: Anticoncepción quirúrgica voluntaria I: casos investigados por la Defensoría del Pueblo, Lima, 1998.

–        Defensoría del Pueblo de Perú, Observaciones a la tercera edición del Manual de normas y procedimientos para actividades de anticoncepción quirúrgica voluntaria, Lima, 1999.

–        Defensoría del Pueblo de Perú, Informe defensorial No. 27: La aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria y los derechos reproductivos II, Lima, 1999.

–        Defensoría del Pueblo, Informe defensorial No. 69: La aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria y los derechos reproductivos III, Lima, 2002.

–        Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), Justicia de Género – Esterilización forzada en el Perú: delito de lesa humanidad, Lima, 2008.

–        Getgen J. E., Untold Truths: the Exclusion of Enforced Sterilizations from the Peruvian Truth Commission’s Final Report, en Boston College Third World Law Journal, 2009, pp. 1-34.

–        International Centre for Transitional Justice, Strengthening Indigenous Rights through Truth Commissions: A Practitioners’ Resource, New York, 2012.

–        Subcomisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en Acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, Informe Final sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, Lima, 2002.

–        Tamayo G., Silencio y complicidad: violencia contra la mujer en los servicios públicos de salud en el Perú, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Lima, 1998.

–        Tamayo G., Nada personal. Reporte de derechos humanos sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú 1996-1998, CLADEM, Lima, 1999.

–        Vásquez del Aguila E., Invisible Women: Forced Sterilization, Reproductive Rights, and Structural Inequalities in Peru of Fujimori and Toledo, en Estudos e Pesquisas em Psicologia, 2006, pp. 110-124.


* Profesora en derecho internacional de los derechos humanos, Universidad de Milano-Bicocca (Italia); asesora jurídica internacional de la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM); y consultora jurídica de la organización no gubernamental TRIAL (Asociación Suiza contra la impunidad).

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