CRITICA

De entuertos y a tuerto[1]:

Las verdades incómodas del PNSRPF, la renuencia a investigar judicialmente crímenes contra el derecho internacional y sus consecuencias sobre las víctimas

por Giulia Tamayo

“…ahora sabremos lo que valen realmente las palabras (…) no hay diferencia entre una venda negra y un ojo ciego” José Saramago, “Ensayo sobre la ceguera”[2]

 Presentación

Esclarecer la verdad y establecer responsabilidades, en particular cuando se trata de asuntos que revisten agravios serios contra la dignidad humana, son exigencias que un Estado de Derecho y una sociedad democrática no pueden postergar ni ante las cuales exhibir falta de diligencia. Cuando los abusos con reconocibles como ofensas contra la humanidad, los Estados deben responder con desempeños especialmente competentes y que satisfagan los estándares establecidos en la materia por el régimen de derecho construido internacionalmente. La sostenida renuencia de las autoridades peruanas a investigar judicialmente las esterilizaciones forzadas bajo el PNSRPF, es un dato tan escandaloso como la insensibilidad mostrada hacia las víctimas. En definitiva, todo un alarde de desprecio por sus derechos. En la medida en que los abusos no sean percibidos en su real naturaleza y dimensión, ni sean sometidos a indagaciones calificadas bajo las definiciones del derecho internacional, los derechos de las victimas seguirán siendo conculcados.

Bajo ciertas circunstancias, como en las últimas elecciones presidenciales, la opinión pública “descubre” los abusos cometidos. Como un cuerpo mal enterrado, la cuestión de las esterilizaciones forzadas emerge al espacio público para reclamar la deuda pendiente. Los crímenes producen fantasmas que no conocen del tiempo. Trastornan a sus autores y a sus cómplices, pero también al entorno que se aviene a que la verdad se mantenga sujeta a encubrimientos. El caso es que los intereses, desde luego muy influyentes, implicados en los abusos bajo el PNSRPF, se han aplicado a fondo por mantener a la sociedad peruana instalada en la confusión promovida y sembrada desde el mismo lanzamiento del Programa. Las actuaciones y decisiones de las autoridades que tenían y tienen en sus manos producir verdad, justicia y reparación, amenazan con cronificar este trastorno.

Con todo, los crímenes cometidos no son un asunto que solo concierne a la sociedad peruana. La justicia internacional dispone de diversos mecanismos para modificar esta situación. Las esterilizaciones forzadas no tratan de asuntos internos de un Estado. Son abusos por los que los Estados rinden cuentas por incumplir obligaciones internacionales y son crímenes susceptibles de ser perseguidos incluso mediante el ejercicio de la jurisdicción universal.

Este breve ensayo busca, por un lado, contribuir al esclarecimiento de los hechos y su reconocimiento como ilícitos contra el derecho internacional, a fin de que como tales sean perseguidos judicialmente y se satisfagan los derechos de las víctimas; y, de otro lado, alertar sobre las ideas que subsisten y se recrean para obstaculizar la verdad, justicia y reparación. Una dimensión que no puede dejar de ser implicada es la vulnerabilidad del común a cierto discurso sobre la modernidad con capacidad para vaciar de sentido y efectividad la realización de los derechos humanos. Investigar y actuar ante el sufrimiento de quienes padecen abusos, lejos de reposar en un saber de expertos puramente técnico en los términos que cierta modernidad en curso preconiza, constituye una disposición meditada –al decir de Ghandi- por oponerse a la mentira y resistirse con medios sinceros. Este es mi testimonio que, al ofrecer algunas rutas de indagación a quienes tienen la obligación de investigar, urge a poner fin a una prologada injusticia.

1. Consideraciones previas

La obligación estatal de investigar los ilícitos internacionales de manera inmediata, imparcial y exhaustiva se encuentra alojada en diversos tratados así como en el derecho internacional consuetudinario. En el caso de normas de ius cogens[3], por su carácter imperativo de alcance universal, los Estados no pueden sustraerse. Ahora bien, entre los crímenes internacionales se encuentran la tortura, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, entre otros. Las esterilizaciones forzadas son reconocidas como tortura[4] pero también pueden constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra si concurren los elementos establecidos en las respectivas definiciones internacionales.[5]

Elementos del crimen de lesa humanidad de esterilización forzada y del crimen de guerra de esterilización forzada

1. Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica.*

2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento. **

* Esto no incluye las medidas de control de la natalidad que no tengan un efecto permanente en la práctica.

** Se entiende que «libre consentimiento» no incluye el consentimiento obtenido mediante engaño.

Extraído de: Amnistía Internacional “¿Como utilizar el derecho penal internacional para impulsar reformas legislativas que incorporen la perspectiva de género?”, 2005, Índice AI: IOR 40/007/2005

En la investigación no debe descartarse el crimen de genocidio, el cual está definido en idéntica forma tanto por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948[6] como por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998: “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; f) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

A estas alturas, la obligación de investigar tendría que haber conducido a establecer la verdad de lo acontecido en el Perú bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) y a determinar responsabilidades. Sin embargo esta obligación es precisamente a la que de modo manifiesto se han resistido las autoridades peruanas. El dato objetivo de no investigar los hechos en sede judicial y el trato recibido por las víctimas expuestas a una dilación injustificable, constituyen una segunda vulneración de derechos humanos y evidencian voluntad de impunidad en beneficio de quienes pretenden –hasta ahora con éxito- eludir la justicia. A su vez, la falta de esclarecimiento judicial sobre lo acontecido ha jugado a favor de que en el ámbito público se recreen e insistan en argumentaciones no ya de que no sucedió nada reprochable[7], pero sí sobre ideas de que los hechos ocurridos carecen de entidad como ilícitos internacionales o que la acción penal ha prescrito en caso de encajar en las figuras delictivas para el derecho interno[8]. La impunidad suele guarecerse en prolongar el tiempo de respuesta institucional para desgastar los esfuerzos de las personas afectadas, borrar rastros y evidencias, a la vez que fomentar la duda. Pero además la impunidad proyecta el olvido y ampara la legitimación de prácticas discursivas de encubrimiento que en definitiva posibilitan la repetición de nuevos abusos al salir reforzadas por la ausencia de condena oficial.

Ahora bien, se debe advertir que el transcurso de los más de tres lustros desde que emergieran las denuncias y evidencias sobre los abusos bajo el PNSRPF ha producido una condición que añade nuevas pistas a las labores de investigación: la posibilidad de observar y constatar las consecuencias en el tiempo sobre colectivos y comunidades.

2. Los trabajos del tiempo: ordenando las piezas, despejando encubrimientos

Las víctimas de esterilizaciones forzadas, sus organizaciones y quienes actuaban en su defensa documentando y desarrollando acciones en apoyo de sus derechos, desplegaron entre los años 1995 – 2000 enormes esfuerzos en circunstancias de especial adversidad por que la verdad se abriera paso.[9] Por tal motivo fueron sometidas a experiencias críticas, hechos por los cuales tampoco ha habido en Perú ninguna forma de rendición de cuentas.[10] Mientras a nivel interno sus denuncias se estrellaban con instituciones oficiales que rechazaban y en el mejor de los casos “hacían un control de daños” hacia adelante sin abordar la gravedad de las denuncias, superando las fronteras los mecanismos internacionales de derechos humanos del sistema universal como del interamericano comenzaban a registrar las piezas que habrían de obrar como puntos de referencia para razonar lo denunciado como abusos graves y crímenes internacionales. En el sistema universal, durante el examen del Estado peruano ante la CEDAW (1998), las denuncias respecto del PNSRPF, motivarían la inclusión de esta cuestión[11]. En 1999, el examen del Estado peruano ante la CERD, también recogería las huellas de estas denuncias[12]. Pero, sin duda, a efectos de las exigencias de justicia sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instancia internacional que, con la admisión en 1999 del Caso Mamérita Mestanza, abriría el reconocimiento de responsabilidad del Estado peruano –a la caída del régimen- con relación al caso sometido a su conocimiento, pero también a un conjunto de compromisos generales entre los que se incluyó la obligación de investigar.

¿Cómo explicar un decenio después de tales compromisos las actuaciones y decisiones de las autoridades que tienen en sus manos las funciones de investigar? ¿Es impericia e incompetencia o sencillamente simulación de extravío para mantener la impunidad de la que hasta ahora gozan los responsables de crímenes reconocibles por el derecho internacional y frustrar los derechos de las víctimas?

Para explicar el incumplimiento de obligaciones de derechos humanos por parte de los Estados se suele explorar sobre tres posibles situaciones: bien que los Estados incumplen porque “no saben”, bien porque “no pueden” o bien porque, en definitiva, “no quieren”. Desgraciadamente, la falta de voluntad política es la condición que suele estancar los avances, particularmente cuando de investigar crímenes internacionales se trata. Tal es el caso de las esterilizaciones forzadas bajo el PNSRPF. Para explicar el bloqueo a la verdad, justicia y reparación, a la que esta causa ha sido sometida, conviene explorar en las estructuras y relaciones de poder mantenidas, pero también en el propio discurso interno desplegado para legitimar y sostener este estado de cosas.

La estrategia del calamar es una metáfora que me proporcionó un catedrático español para ilustrarme sobre las argucias y réditos de entintar los asuntos justiciables para obstaculizar y alterar la visión de los hechos, estrategia de la cual suelen valerse ciertos Estados y los autores de violaciones contra los derechos humanos. Alterada la percepción sobre los entuertos (léase los agravios), se instala la pobre visión de los tuertos.[13]

Los Estados contra quienes se dirigen alegaciones de abusos de derechos humanos que incluso pueden equivaler a crímenes internacionales, suelen ensayar como respuesta, bien que los hechos no ocurrieron, bien que ocurrieron pero no caen en las definiciones de crímenes internacionales o incluso que ni tan siquiera tienen la entidad de violaciones de derechos humanos. En la experiencia mundial, ante hechos constitutivos de crímenes contra el derecho internacional –en razón de las responsabilidades que acarrean- es frecuente que la primera batalla se libre en el campo de su percepción y en su designación como tales.

Desde el mismo lanzamiento del PNSRPF los hechos se encontraron sujetos a ciertos términos y construcciones de sentido con los cuales las autoridades del régimen pretendieron moldear su percepción en la opinión pública y sortear las alegaciones de que tales hechos pudieran ser reconocidos como graves abusos de derechos humanos, con responsabilidades individuales de índole criminal y sometidos a las exigencias de verdad, justicia y reparación conforme a su naturaleza bajo el derecho internacional.

La no realización de justicia hasta nuestros días hacia las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú, su exclusión a efectos de los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y la resistencia a su inclusión en el marco de las reparaciones administrativas por el Estado peruano, hunden sus raíces en factores estructurales en las cuales se inserta el menor poder social de las víctimas, así como las agendas y arreglos políticos en los niveles altos de decisión tanto a nivel interno como internacional. Con todo, a efectos de estudiar lo ocurrido y la prolongación de la injusticia hacia las víctimas, es relevante examinar la influencia del marco ideacional e indagar en los ecos subsistentes de la reiteración de prácticas discursivas que orientaron y siguen orientando al común a apartar el marco de los derechos humanos para apreciar el carácter delictivo de los hechos.

Reza un dicho que la mejor forma de esconder algo es ponerlo a la vista. No pueden pasar inadvertidas las expresiones públicas del PNSRPF y el recurso utilitario de cierto lenguaje de pretensión “técnica” en materia de salud, población, pobreza y desarrollo, en circunstancias en que a nivel mundial se producían consensos para abordar desde el marco de los derechos humanos las cuestiones en materia de población y salud reproductiva[14]. Así, la comunidad internacional en el Programa de Acción resultante de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo expresaba que si bien la CIPD no crea ningún derecho humano internacional nuevo, “afirma que las normas de derechos humanos universalmente reconocidas se aplican a todos los aspectos de los programas de población”.[15] En su capítulo II sobre Principios, el Programa de Acción –formulación no exenta de las tensiones del contexto[16]– dedicaba el primer párrafo a afirmar que “[c]ada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones contenidas en el Programa de Acción de conformidad con sus leyes nacionales y con sus prioridades de desarrollo, respetando plenamente los diversos valores religiosos, éticos y culturales de su pueblo, y de forma compatible con los derechos humanos internacionales universalmente reconocidos”.[17] La audacia del PNSRPF consistió en llevarse a cabo en circunstancias en que se celebraban consensos mundiales por la afirmación y realización de los derechos humanos. Parecía inconcebible un programa gubernamental diseñado sobre el incumplimiento manifiesto de obligaciones establecidas internacionalmente vinculantes para el Estado peruano.

3. La puesta en escena

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) desde su adopción durante el régimen de Alberto Fujimori fue introducido por éste a nivel público empleando un discurso conflictivo desde el cual situar a quienes se expresaran en torno a su aplicación. El régimen dedicó enormes esfuerzos por “organizar” el conflicto de manera que toda crítica y exigencias de rendición de cuentas, fuera percibida como un asunto de resistencia a la “modernidad”. Instalar en la opinión pública tal entendimiento, debería facilitar adhesiones acríticas. Para poner en escena la confrontación de utilidad a sus propósitos, eligió el Discurso a la Nación del 28 de julio de 1995 de inicio del nuevo periodo presidencial. “Si hablamos de futuro tenemos que hablar de planificación o control de la natalidad. Todos los niños son hermosos, son el signo de la vida, pero qué penoso es ver niños hambrientos, desnutridos, desamparados, viviendo en la calle, algunos germinando como delincuentes. ¿Hay algo más dramático que esto? Está en nuestras manos obrar y obrar con realismo, con apego a la razón y no al temor que puedan infundir tabúes y mitos. (…) Hemos sido y seremos un Gobierno pragmático, sin tabúes ni “vacas sagradas”. ¡Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino!”[18]

En dicho discurso no hay una sola referencia a los derechos humanos (ni en general al término derechos), lo cual además de responder a las necesidades del régimen de sustraer del ámbito público los derechos humanos como discurso de autoridad y de persistir en su estrategia de estigmatizar a los defensores y defensoras de derechos humanos, reflejaba un contexto interno de tensión y en conflicto abierto con las normas internacionales al respecto. Ello revestía especial significado en el contexto de las críticas internas que amenazaban extenderse tras promulgar la Ley de Amnistía (No. 26479) el 16 de junio de 1995 en beneficio de quienes “se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980″[19]. Para el régimen hablar de derechos humanos resultaba un concepto incómodo al que había que oponer un lenguaje populista de “modernidad” promisoria donde se podía permitir como costo inevitable el autoritarismo y la violencia.

Para asegurar que el PNSRPF quedara desconectado de escrutinio en materia de derechos humanos, el régimen eligió definir la naturaleza conflictiva de la medida. Radicó la decisión de llevar adelante el PNSRPF como una inevitable confrontación con la Iglesia Católica. Simultáneamente, por primera vez, hacía un guiño en un discurso presidencial a las mujeres peruanas.[20] De inmediato empezaron los contactos del régimen para establecer las alianzas que a su juicio debían producirse con los movimientos de mujeres. El escenario de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en septiembre de 1995 constituía su siguiente movimiento público. Aunque a nivel interno planeaban procedimientos en su contra ante la justicia en razón de hechos de violencia contra la mujer[21], el entonces presidente puso sobre la mesa su pretendido interés en la adopción de medidas de dimensión estatal en apariencia compatibles con los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Las enviadas presidenciales para tratar con algunas líderes del movimiento feminista y de mujeres daban el perfil de “mujeres modernas”. Con ello el tablero debía quedar organizado con piezas alineadas en torno a la oportunidad de una “modernidad” que daba juego a la agenda de otras fichas que veían con opresión el fundamentalismo que en la CIPD se había manifestado y cuya cara en América Latina como en el Perú, cobraba el rostro de las jerarquías católicas.

Cómo se expresaron algunas de las adhesiones que obtuvo el régimen, forma parte de otra historia. La posición de alerta surgió desde los liderazgos que defendían la autonomía de las organizaciones de mujeres, que abogaban por los derechos humanos y que advertían que la ciudadanía de las mujeres y sus derechos requerían de un entorno democrático, no un régimen como el existente cuya insinceridad y métodos autoritarios se habían mostrado plenamente.

4. Hilvanes y retazos de una modernidad en punto de cruz

La oportunidad de investigar en materia de los derechos sexuales y reproductivos en Perú tras los consensos de Viena, El Cairo y Beijing, me condujo a escuchar y recoger los testimonios de mujeres de los sectores socialmente más vulnerables en las diversas regiones del país, incluidos los lugares más apartados de la amazonía y las zonas altoandinas. La investigación encomendada[22] contemplaba identificar preocupaciones de derechos humanos sobre legislación, políticas públicas, programas, medidas y actuaciones o prácticas que revestían discordancia o contravención manifiesta a los derechos humanos de las mujeres, con atención a fortalecer, entre otras cuestiones, la protección del derecho a su salud reproductiva. Los lazos establecidos con las mujeres del ámbito rural y urbano favorecieron la recepción de las primeras evidencias de que se estaban cometiendo abusos bajo el PNSRPF. En 1996 recibía los primeros testimonios y a fines de ese año ya contaba con documentación sobre la existencia de cuotas a alcanzar por los agentes de salud en materia de esterilizaciones bajo un diseño que se desplegaba desde los niveles más altos con metas de orden nacional hasta los niveles locales. La cuestión de las metas además de sus definiciones programáticas se traducían en instrucciones operativas que incluían incentivos y sanciones al personal sanitario. Fujimori, además, se habría implicado personalmente en requerir su cumplimiento.[23] La reconstrucción del diseño y su ejecución resultaba crucial para examinar los alcances de los abusos y responsables. La CIPD había expresamente señalado que los programas de población debían excluir objetivos basados en cuotas .[24]

El alto interés para el régimen de reducir la comprensión de los hechos, y dotarle a cada movimiento en el tablero una identidad y sentido, se reflejaba con estridencia en el empleo de categorías en sustitución de las definiciones de derechos humanos. La más elemental indagación sobre lo ocurrido tropezó desde un inicio con la disputa en torno a las palabras. Hasta hoy hay ecos de ese empeño. Así, en las últimas elecciones generales pudimos escuchar razonamientos que se esforzaban por convencer de una distinción entre esterilización forzada y esterilización “no voluntaria”.

Los hechos debían ser explicados bajo eufemismos. Lo que bajo el derecho internacional se entiende por esterilizaciones forzadas, el régimen lo redujo en el mejor de los casos a un asunto de “calidad de los servicios” con el apoyo de algunas voces que incluían a actores en el ámbito de la cooperación intergubernamental y de algunas en el sector no gubernamental. El propio procedimiento de esterilización fue designado bajo siglas.[25]

El personal de salud se vio expuesto además a mensajes para una acción en apariencia técnica pero de expresión discriminatoria contra los sectores subalternos especialmente contra las mujeres para hacerlas blanco de estos procedimientos aun sin contar con su libre consentimiento. Las ideas de “modernidad” debían imponerse a favor del “progreso” del país. En ese “progreso” no cabía el crecimiento demográfico de ciertos sectores, en particular en ciertas localizaciones. Forzar su consentimiento era entendido, como una imposición razonable sobre quienes no tenían cabida en el proyecto nacional o eran percibidos como una amenaza para la “seguridad” y “estabilidad” internas. Incluso podía considerarse legítimo sustituir la voluntad de las personas bajo ideas de un “paternalismo benéfico”. Se “normalizó” dejar de lado la decisión libre e informada de las personas, más aún ante formas coactivas que a su vez presionaban sobre los agentes de salud para cumplir con cuotas. El personal médico se vio enfrentado a un conflicto de lealtades duales[26] o divididas, contrapuestas entre sí. Por un lado, lealtad con sus pacientes (quienes debían ser su principal preocupación) y de otro, las instrucciones del Estado.

Los abusos cometidos bajo el PNSRPF contaron con un contexto en el que se exacerbaron expresiones ideologizadas sobre “el enemigo interno”, la reforma del Estado con reducción del gasto público en áreas sociales, la atracción de capitales y la liberalización del mercado en la expectativa de las bondades de un crecimiento económico con base en la explotación de los recursos naturales en zonas y territorios en los que notoriamente residían poblaciones socialmente vulnerables y discriminadas como es el caso de los pueblos indígenas. Los derechos humanos de estas poblaciones incordiaban a la voluntad de “modernidad” que el régimen pretendía encarnar.

Las agendas políticas a nivel interno como internacional articuladas en torno a intereses convergentes en ese tipo de horizonte que la reingeniería global alentaba, acudieron a proporcionar legitimación a ciertas ideas y términos que fortalecieron las políticas y medidas del régimen de Fujimori. El lenguaje de autoridad de los derechos humanos fue relegado a un papel discreto como mera retórica acomodaticia. A la caída del régimen, la expectativa de las víctimas de encontrar justicia se fue desvaneciendo a medida que las élites políticas como económicas peruanas negociaban y aseguraban sus intereses prioritarios. Había caído Fujimori, no las estructuras que permitieron los abusos. La conveniencia de pasar página, además, propiciaba dejar en las sombras participaciones y colaboraciones comprometedoras.

El PNSRPF contó con la colaboración de agencias intergubernamentales y de cooperación bilateral de “ayuda al desarrollo”, apoyo referido como “asistencia técnica” y con traslado de importantes recursos económicos para llevar adelante dicho programa sin asegurar que cumpliera con las normas internacionales de derechos humanos ni disponer de mecanismos de verificación al respecto. La regla mínima de no hacer daño (do not harm) de aplicación a la cooperación internacional, fue dejada de lado. De hecho, para las personas afectadas por los abusos bajo el PNSRPF, las agencias implicadas no jugaron a favor de la verdad, ni de los derechos de las víctimas, cuando las denuncias y evidencias salieron a la luz. En términos generales, las principales agencias comprometidas en el PNSRPF hasta ahora no han hecho ningún gesto para remediar la situación de las víctimas.

De otro lado, aunque en materia penal, la atención se centra en torno a los autores y cómplices en la perpetración de los abusos, los actos de encubrimiento y obstaculización a la justicia también son comprendidos en su dimensión delictiva. En este terreno ha sido notoria la intolerable falta de investigación exhibida por el Estado peruano respecto de tales hechos que desde luego no han quedado circunscritos al período 1995-2000.

Ahora bien, la indiferencia del común aunque se explique en la contaminación de la percepción de los hechos a la que ha estado expuesta la población, aparece menos justificable en quienes estaban en condiciones de distinguir lo correcto y hacer algo. En medio de la incesante destrucción que nos rodea, la corrupción del silencio o, de forma activa, favorecer los abusos o encubrirlos por beneficios inmediatos o por miedo, nos alerta del enorme desafío de mover las voluntades de las personas y de los Estados para que los derechos humanos sean realidad. Los derechos humanos, asociados como una construcción de la modernidad (o mas bien hijos de la resistencia a los abusos, incluidos los de la modernidad realmente existente), han resultado sólo ser entendidos con todas las consecuencias de adversidad que su defensa conlleva, por quienes padecen su vulneración y los defensores que deciden compartir el sufrimiento de las personas víctimas de abusos. La buena noticia es que cada vez son más las personas que actúan en todo el planeta con la convicción de que el padecimiento de uno es la amenaza sobre el destino de todos.

“Tocan a un@, nos tocan a tod@s” es una expresión que circuló en España a partir del 15 de mayo de 2011[27], y que se incorporó en las movilizaciones hoy de alcance mundial para resistir a políticas y medidas de un tipo de modernidad en la que la dignidad humana puede ser avasallada por el poder económico en alianza con el poder político, además con consecuencias críticas sobre la sostenibilidad del planeta. La horizontalidad inclusiva de la diversidad humana ha salido al frente del poder económico y político acumulado y concentrado en contra del grueso de la humanidad, y con agresivas consecuencias en particular respecto de ciertos grupos discriminados. Entre los “grandes relatos” de la modernidad y las pequeñas historias, la gente se viene moviendo a favor de las personas de a pie cuyas vidas y derechos son despreciados en las versiones oficiales, en el tratamiento mediático y hasta por un arrogante “saber experto” que las reduce a cifras en una perspectiva utilitarista de simples medios para la consecución de fines destructivos para la humanidad. El poder de la gente cuando sus armas reposan en la verdad como fin y como medio[28], se expresa en la no colaboración con los violentos cualquiera sea su naturaleza, estatal o no estatal.

5. A modo de conclusión: Para investigar en serio

Una comprensión sustancial de las definiciones en materia de crímenes internacionales y la apropiada aplicación de las mismas por quienes tienen la función de investigar y promover la acción penal en el caso de las esterilizaciones forzadas por el PNSRPF, era y es una condición clave de la pericia exigible. A ello además debía y debe sumarse un entendimiento en profundidad del principio de igualdad y no discriminación por motivos de género, de índole racial o étnica, entre otras competencias. Para un país como el Perú con una alta composición de población indígena, lo cual en el caso del PNSRPF revestía y reviste notoria pertinencia, la investigación también debía estar instruida por un conocimiento relevante de los derechos de estos pueblos.[29] Cuando se investigan hechos de la naturaleza que nos ocupa, la indagación y la búsqueda de evidencias no puede ser encomendada a quienes carecen de estos conocimientos y habilidades. La investigación debía y debe contar con los recursos suficientes y los medios idóneos a riesgo de ofrecer pobres resultados, incluso impresentables, por manifiesta ausencia de averiguación.

Los impactos en el tiempo sobre comunidades y colectivos hoy pueden ser observados, y es tarea de la investigación examinar estas cuestiones. Las vinculaciones del Programa con estrategias de seguridad y modelos económicos debe ser comprendida. Esto cobra especial relevancia en las localizaciones de pueblos indígenas, rurales y sus comunidades.

Ubicar a los responsables siguiendo el rastro de las órdenes y cadenas de mando, es imprescindible. Los abusos no fueron perpetrados por unos cuantos médicos “entusiastas”, como los altos cargos del régimen han sostenido. Los responsables de estos abusos se valieron del aparato del Estado para llevarlos a cabo, encubrirlos y privar de recursos efectivos a las víctimas. Es imprescindible revelar las metodologías diferenciadas: las persecuciones para esterilizar mujeres en las zonas bajo control militar se valieron del temor de la población a resistir órdenes estatales.

Durante las investigaciones y en los procedimientos judiciales, las víctimas deben contar con garantías que incluyan el máximo respeto y recepción de sus testimonios en su propia lengua, la asistencia e interpretación respetuosa y adecuada a sus expresiones de sufrimiento, la exigencia de no incurrir en acciones discriminatorias por sexo, razones étnicas o de otra índole, lo que incluye la advertencia y sanciones que correspondan a quienes incurran en dichas conductas. Las labores de investigación deben facilitar con recursos apropiados la reunión de testimonios y evidencias, y garantizar la seguridad de las personas.

La realización de la justicia pone a prueba la voluntad de investigar. Las jurisdicciones de otros Estados, en ejercicio de la jurisdicción universal, pueden intervenir en concurrencia, más aún cuando existen manifiestas evidencias de renuencia a investigar por el Estado peruano.

El tiempo apremia. A finales de 2010 volví sobre mis pasos. Me encontré con la mirada de aquellas a las que hace más de quince años entrevisté. Compartí una asamblea entre pares en torno a un círculo en una plaza de Anta (Cuzco). Reconocí a aquellas que me expusieron hace más de una década las cicatrices de sus vientres y los terrores experimentados. Me confiaron que algunas habían fallecido. Pero la búsqueda de justicia de las víctimas, se había extendido. En el círculo estaban las hijas que apoyaban la causa de sus madres. Les conté de las voces que se sumaban a su causa desde diversos rincones del planeta.

Aquellas que, contra todos los cálculos del régimen y sus colaboradores, no callaron los abusos padecidos, mostraban la fortaleza incrementada de quienes, desde la adversidad y contra todo pronóstico, resistieron.


[1] Según el Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. RAE:

Entuerto (Del lat. intortus). 1. m. Agravio que se hace a alguien.

A tuerto. 1. loc. adv. p. us. Contra razón, injustamente.

Acceder a ambos términos y significados en: http://www.rae.es/rae.html

[2] En la contratapa de la edición portuguesa del libro de José Saramago se incluye una cita del Rey (filósofo) de Portugal Dom Duarte I: Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara” (Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara”

[3] Las normas de ius cogens (en inglés peremptory norms) son normas de obligado cumplimiento que no admiten exclusión a opción de los Estados ni alteración de su contenido, a diferencia de aquellas de derecho dispositivo (ius dispositivum). Entre las normas de ius cogens se encuentra sólidamente reconocida la prohibición de la tortura.

[4] Ver Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 28 (2000) en la que aborda las esterilizaciones forzadas y prohibición de la tortura bajo el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver también del Comité contra la Tortura, Observaciones finales del Comité contra la Tortura República Checa Doc. ONU CAT/C/CZE/CO/4-5, del 13 de julio de 2012. Además, Doc. ONU A/HRC/7/3 15 de enero de 2008 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER CONTRA LA TORTURA. Parr. 69 “(..) las esterilizaciones forzadas practicadas por funcionarios del Estado siguiendo leyes o políticas coercitivas de planificación de la familia puede constituir tortura ”.

[5] La definición más consolidada de crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, exige que las conductas, entre las que se encuentra la esterilización forzada, se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. A efectos de tratar los abusos bajo el PNSRPF debe advertirse que se encuentran también comprendidos como crímenes de lesa humanidad los actos de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión a las esterilizaciones forzadas. Como crímenes de guerra se entienden, entre otros, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, entre los que se incluye la esterilización forzada.

[6] Firmada por el Estado peruano el 11 de diciembre de 1948 y ratificada el 24 de febrero de 1960.

[7] Ante la notoriedad de las evidencias de los abusos, ciertas autoridades actuales vinculadas al régimen de Fujimori, incluidas las que ostentaron altos cargos durante dicho régimen cuya responsabilidad penal en el caso de las esterilizaciones forzadas continúa pendiente de determinación judicial, no han podido negar la existencia de conductas reprochables. Sus esfuerzos se han dirigido a excluir responsabilidad penal al Presidente Fujimori y a las autoridades de su régimen, presentándolas como “inconductas” cuya autoría y responsabilidad desplazan al personal de salud. Ver entre otros materiales:

http://peru21.pe/noticia/766545/estirilizaciones-forzadas-fueron-inconductas http://www.youtube.com/watch?v=D2eVg6V-WSc

[8] Un Estado no puede alegar el derecho interno para incumplir obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los crímenes internacionales no quedan sometidos a figuras o interpretaciones deficientes de la legislación en materia penal del país en el que se instruye la causa. El art. 15 del PIDCP que aplica a la persecución de delitos y la sanción de las personas halladas responsables penalmente, dispone claramente la observancia del derecho internacional y de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

[9] Durante los noventa bajo un clima de creciente autoritarismo se consolidaron en el Perú algunas organizaciones locales de mujeres rurales como urbanas que promovieron ejercicios ciudadanos para hacer realidad sus derechos sin someter su acción a otros intereses. En resistencia a la cooptación por parte del Estado de la que eran objeto las organizaciones de mujeres de los sectores empobrecidos, organizaciones como la AMHBA, desde la autonomía se desempeñaron como núcleos activos para la defensa de los derechos de las mujeres y sus comunidades. Las labores de movilización ciudadana, presión hacia las autoridades, así como el trabajo local con las víctimas reposaron sustancialmente en las activistas del Movimiento Amplio de Mujeres que se sostendrían en lo que devendría el MAM Fundacional. CLADEM, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y DEMUS que intervinieron como organizaciones no gubernamentales en la investigación de los abusos y la estrategia de acción durante 1995-2000, tras la caída del régimen continuarían el litigio internacional y ensayarían nuevas acciones de defensa a nivel interno, tarea en la cual también han participado organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

[10] Entre las personas que fueron objeto de acoso en razón de las denuncias destaca el caso de Hilaria Supa quien además permaneció en Perú sosteniendo las exigencias de verdad, justicia y reparación para las víctimas, al lado de otras organizaciones y defensoras de derechos humanos. La organización en Anta (Cuzco) de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas desarrollarían estrategias para el fortalecimiento de las titulares de derechos al igual que la Asociación de Mujeres de Huancabamba (AMHBA) cuyas integrantes también sufrieron actos de acoso durante el régimen. En el caso de la autora de este texto, los hechos de acoso y actos delictivos en su contra por el ejercicio de legítimas actividades implicaron para toda la familia el exilio a España en los primeros meses del año 2000.

[11] Doc. ONU A/53/38, Concluding Observations, Parr. 51. “El Comité recomienda que se establezcan programas de planificación de la familia en los que se ponga énfasis en la educación sexual, la utilización de métodos anticonceptivos adecuados y la utilización consciente de los servicios de esterilización en los casos necesarios con autorización expresa de la paciente y previa amplia explicación de sus consecuencias”. Texto en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/PerúCO19_sp.pdf

[12] Doc. ONU CERD/C/304/Add.69 13 de abril de 1999, Concluding Observations, Parr. 19. “El Comité destaca los informes de que existen carencias importantes en materia de salud para la población rural de los Andes y la Amazonia, así como las denuncias de esterilización forzada de mujeres pertenecientes a las comunidades nativas. Observa, por otro lado, la información según la cual habría una diferencia de cerca de 20 años en la esperanza de vida de la población de origen indígena con respecto al resto de la población.” Texto en: http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CERD/C/304/Add.69

[13] Según el Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. RAE Tuerto. (Del lat. tortus).1. adj. Falto de la vista en un ojo. U. t. c. s. 2. adj. ant. De vista torcida. Acceder al término y significados en: http://www.rae.es/rae.html

[14] La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo 1994), realizada tras la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) y a un año de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, tuvo como logro destacable la incorporación de un conjunto de principios y enunciados informados bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos (Documento ONU A/CONF.171/13/Rev.1) .

[15] Preámbulo, párrafo 1.15 del Programa de Acción.

[16] La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) estaría singularmente expuesta a las tensiones procedentes de los fundamentalismos de carácter religioso en concurrencia con ciertas agendas políticas que invocaron el principio de soberanía de los Estados alegando razones culturales y/o razones de Estado que por igual coincidían en resistir a los compromisos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, atacando el enfoque de género. Los fundamentalismos económicos, en particular los vinculados a la ideología del mercado y su globalización también cumplieron un papel contaminante durante las negociaciones con consecuencias sobre las agendas de los movimientos de mujeres que se vieron expuestas a la baja. El propio concepto de desarrollo resultó exiliado a los márgenes bajo un escenario político que no aceptaba controversias al respecto, insistiendo en la separación entre lo considerado “técnico” y lo político.

[17] El subrayado es de la autora de este texto.

[18] http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1995-2.pdf

[19] Artículo 1 de la Ley No. 26479.

[20] Una atenta revisión de los Mensajes ante la Nación por parte de Fujimori proporciona algunas claves sobre el lugar que en su agenda ocuparon los derechos humanos de las mujeres. Ver los sucesivos Mensajes a la Nación 1990- 2000 en: http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes.htm En el Discurso a la Nación el 28 de julio de 1996, aunque vuelve a la frase expresada en el Mensaje del 28 de julio de 1995 “las mujeres peruanas tiene (sic) que ser dueñas de su destino”, hace referencia a las mujeres fundamentalmente como agentes de la modernización: “Tampoco hemos olvidado que las mujeres peruanas tiene (sic) que ser dueñas de su destino, ser, progresivamente, agentes de la modernización y de la revolución productiva.” Ver: http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1996.pdf

[21] En agosto de 1994, fueron soldadas las rejas de Palacio de Gobierno impidiendo a Susana Higuchi, entonces esposa del Presidente Fujimori, salir de Palacio de Gobierno. Su condición, por usos institucionales, de “Primera Dama”, públicamente le fue “retirada” por el Presidente en reacción a sus alegaciones de corrupción del régimen. La exposición pública del hecho de privación de libertad, motivarían contactos con las representantes y abogadas feministas, originando acciones ante la justicia de “habeas corpus” y también en materia civil además de atraer a la atención la aplicabilidad de la legislación en materia de violencia familiar. Fujimori había promulgado la Ley sobre Violencia Doméstica meses antes y la sola posibilidad de una acción de esa naturaleza le motivaría a desplegar intensos esfuerzos por no ser sometido al marco dispuesto por dicha normativa.

[22]A iniciativa del Center for Reproductive Law and Policies (hoy Center for Reproductive Rights), la investigación fue diseñada identificando su realización en Perú ante los graves indicadores en materia de mortalidad materna, incluidos indicadores de desprotección del derecho a la salud reproductiva. Comprendió el examen de las cuestiones de discriminación y violencia basada en el género en el sistema de salud. CLADEM fue dispuesta como organización contraparte con la participación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y de DEMUS.

[23] El PNSRPF revistió para el Presidente Fujimori un asunto de interés prioritario, lo que se puso de manifiesto no solo en el plano de sus intervenciones en público, sino en las reuniones con funcionarios de los niveles regionales. El testimonio de una persona en ese nivel, me alertaría de la implicación presidencial en la propia ejecución.

[24] Programa de Acción de la CIPD, bajo el epígrafe B. Planificación de la familia 7.12 “El propósito de los programas de planificación de la familia debe ser permitir a las parejas y las personas decidir de manera libre (…), asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento de causa y tengan a su disposición una gama completa de métodos seguros y eficaces.(…) Los objetivos demográficos, (…) no deberían imponerse a los proveedores de servicios de planificación de la familia en forma de metas o de cuotas para conseguir clientes.”

[25] AQV por Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria.

[26] Sobre lealtades duales (en inglés, dual loyalties) y derechos humanos, ver: Physicians for Human Rights & University of Cape Town, Health Sciences Faculty, Dual Loyalty & Human Rights in Health Professional Practice: Proposed Guidelines & Institutional Mechanisms, 15 (2002), disponible en https://s3.amazonaws.com/ PHR_Reports/report-2002-dualloyalty.pdf

[27] Conocido como el 15 M.

[28]La acción de los que fueron designados como “los indignados” reposó en la no violencia y la disposición a exponerse a las consecuencias de expresar y exigir la verdad por medios pacíficos.

[29] Al tiempo de producirse los abusos bajo el PNSRPF, el Estado peruano se encontraba vinculado al Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales
en países independientes
(1989) y a la Convención de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, instrumentos vinculantes pertinentes. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), además de reafirmar derechos ya reconocidos, explicita los derechos de los indígenas como pueblos y como individuos. Dicha Declaración es relevante a efectos de reparar en los alcances de las obligaciones vulneradas y abordar particularmente las consecuencias en el tiempo de un programa como el PNSRPF bajo el cual fueron cometidos los abusos.

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