Fechas

En esta página encontrarán las fechas importantes del caso.
Y en este link podrá acceder al Timeline interactivo: t.co/kl8g08PJHO

LEYENDA
> En rojo las acciones realizadas por las organizaciones feministas y por la CNDDHH.
> En naranja las acciones realizadas por el Ministerio de Salud y el colegio médico.
> En gris las acciones realizadas por el estado y la CIDH.
> En celeste los informes realizados por la Defensoría del pueblo.
> En verde las investigaciones periodísticas.
> En turquesa las acciones de resistencia civil.

1994-2000 Durante esos años fueron ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

1995 Se modifica la Ley Nacional de Población para incorporar la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) como método de planificación familiar. En Agosto, mediante la ley 26530 se incluye la AQV como un método más de planificación familiar. Hasta entonces, esta cirugía solo estaba disponible en clínicas privadas.

1996 Se creó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) bajo la Resolución del Ministerio de Salud Nº 071-96 SA/DM que establecía cuotas y metas al personal de salud. Las metas cuantitativas de dicho programa aseguraban que el 100% de sus pacientes por parto o aborto egresarían usando un método de planificación familiar seguro. Una meta cuantitavia sobre la totalidad de la población usuaria solo es posible de realizar, coaccionando la voluntad de las mujeres.

1996 Organizaciones locales de mujeres y derechos humanos comenzaron a informar sobre abusos.

1996 CLADEM, realiza la investigación Silencio y complicidad: Violencia contra las mujeres en los servicios públicos de salud en el Perú, donde encuentran los primeros indicios y evidencias sobre los abusos respecto a la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996–2000 (PNSRPF).

1997 Organizaciones feministas empiezan a hacer llegar a la Defensoría del Pueblo información sobre las primeras denuncias de casos de EF.

1997 CLADEM presenta queja contra el Hospital Rural de Tocache, pues la señora M.M.C. había fallecido, presumiblemente, a consecuencia de la ligadura de trompas. Por otro lado, la señora B.A.S., quien también había sido esterilizada en el Hospital Rural de Tocache, sostenía no haber recibido la consejería previa a esta clase de intervenciones quirúrgicas, y haber tenido complicaciones después de la intervención, sin que fueran debidamente atendidas.

1997 CLADEM remitió a la Defensoría del Pueblo un video con los testimonios del viudo de M.M.C., de la señora B.A.S., así como de otras vecinas.

1997 La República y El Comercio sacan a la luz una serie de hechos que revelaban abusos y condiciones preocupantes en provisión de AQV.

1998 DEMUS informa a Defensoría del Pueblo sobre caso de la señora M.G.E.O. -mujer esterilizada el 14 de octubre de 1995 en el Hospital Belén de Trujillo, intervención que le ocasionó una serie de complicaciones que motivaron su fallecimiento una semana después- la cual, además, fue publicada el 07 de junio de 1997 por el diario “La Industria” de Trujillo.

1998 Informe Defensorial Nº 7 se establece un sistema de vigilancia y seguimiento especial de las quejas y denuncias y se emite recomendaciones al Estado.

1998 MINSA introduce el plazo de 72 horas para reflexionar sobre la intervención quirúrgica.

1998 En Marzo se constituyó una comisión integrada por profesionales del Colegio Médico del Perú, la Sociedad de Gineco-Obstetricia y la Universidad Peruana, encargada de investigar las irregularidades cometidas en aplicación del PNSRPF. Sin embargo los resultados de dicha comisión no se dieron a conocer ni al público ni a la Defensoría del Peublo a pesar de los reiterados pedidos de esta última.

1998 Ante las denuncias de los Informes Defensoriales el Ministerio de Salud dicta una serie de resoluciones para mejorar su política (Resolución Ministerial N 076-98-SA/DM y Resolución Ministerial N089-98-SA/DM) modificando sus metas cuantitativas y estableciendo una serie de procedimientos que garantizaban la calidad del servicio en el punto de entrega. A partir de esta fecha se prohiben las esterilizaciones durante las ferias de salud reproductiva, es decir, en carpas, sin anestesia y sin plazo de reflexión del consentimiento informado.

Todo esto ocurre en un contexto de flexibilización laboral, donde gran parte de los trabajadores de salud no estaban en la planilla del sector. Es decir, no formaban parte de la carrera pública, lo que limitaba su capacidad de resistencia frente a órdenes arbitrarias.

1999 Informe Defensorial Nº 27 se emite por los nuevos casos de violaciones.

1999 Investigación de CLADEM “Nada Personal” – Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998, señala las severas violaciones a los derechos humanos de las mujeres afectadas por la EF.

1999 Organizaciones feministas y de derechos humanos: CLADEM, DEMUS, APRODEH, CEJIL y CRR, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la primera demanda contra el Estado Peruano por el caso de María Mamérita Mestanza, mujer que murió luego de haber sido sometida a una esterilización forzada.

2001 Se apertura la Subcomisión encargada de investigar EF 1990-2000, presidida por el Congresista Héctor Chávez Chuchón.

2002 Informe Defensorial 69, que condesa datos numéricos sobre las esterilizaciones realizadas entre 1996 y 2001, dando un total de: 272,028.

2002 MINSA, Informe Final de la Comisión Especial sobre actividades de AQV (Julio).

2002 Congresista Héctor Chávez Chuchón presenta Denuncia Constitucional Nº 151 contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, por el delito de genocidio y otros. También lo presentó, a la par, ante la Fiscalía de la Nación.

2003 Fiscalía especializada en DDHH inicia investigación preliminar por genocidio y otros.

2003 En sesión plena se decidió archivar la Denuncia Constitucional Nº 151.

2003 Congresista Dora Núñez Dávila presenta Denuncia Constitucional Nº 269, contra el ex presidente Fujimori y sus Ministros de Salud, por delito de lesa humanidad en la modalidad de tortura, lesiones graves seguidas de muerte, secuestro y asociación ilícita para delinquir.

2003 Estado peruano firmó Acuerdo de Solución Amistosa del caso de María Mamérita Mestanza, donde se comprometió a investigar y sancionar los hechos para brindar justicia y reparación a los/las familiares de Mamérita, reconociendo su responsabilidad de las esterilizaciones ante la CIDH.

2004 Fiscalía de la Nación remite el acuerdo de solución amistosa a la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos que dispuso la apertura de investigación en la misma fecha.

2004 Fiscal de la Nación, Dra. Adelaida Bolívar, en la investigación preliminar N° 203-2001, resolvió No Ha Lugar Formular la Denuncia Constitucional contra ex presidente Alberto Fujimori por delito de genocidio y otros.

2004. La Asociación de Mujeres Afectadas por la esterilizaciones forzadas (AMAEF) nace en Cusco para luchar por sus derechos y lograr justicia.

2005 Congreso remite la denuncia a la Dra. Adelaida Bolívar, Fiscal de la Nación, para que se abra investigación ya que había caducado el beneficio del antejuicio político.

2007 Primera Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada acumula la investigación al Caso Nº 18-2002, donde ya existían alrededor de 2000 agraviadas.

2009
Fue archivado por el Ministerio Público el Caso Nº 18-2002 que contiene a las 2074 mujeres agraviadas incluyendo a las 18 fallecidas. En el archivo se señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal no se habrían configurado o están prescritos. En este caso estuvieron denunciados como responsables tres ministros de Salud del régimen fujimorista: Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa Bauer –dos de ellos actuales miembros del equipo de Fuerza 2011-.

2009 DEMUS presentó su recurso de queja contra dicha resolución.

2009 Primera Fiscalía Superior Anticorrupción declaró infundado los recursos de quejas, tanto el de DEMUS, como el de la Procuraduría del MINJUS y del IDL.

2010 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el incumplimiento por parte del Estado peruano de su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables del caso MMMCH.

2010 DEMUS presenta su nueva petición ante la CIDH por los casos de CERD y LVCH, para que las víctimas de esterilizaciones forzadas tengan acceso a justicia y reparación.

2011 En octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que reabra la investigación debido a que el número de mujeres afectadas era muy alto, y además una de ellas había fallecido a consecuencia de la práctica aplicada por el sector Salud en la década del 90.

2011 El 14 de octubre el doctor Víctor Manuel Cubas Villanueva, Fiscal Superior Titular Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinicales emite el Informe N° 010-2011.FSPNC-MP-FN. Con esto se reabre el Caso denominado “María Marmerita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.

2012 En noviembre la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima decidió reabrir las investigaciones sobre el plan de esterilizaciones forzadas al que fueron sometidas cerca de mil quinientas mujeres durante  el gobierno de Alberto Fujimori. Las pesquisas preliminares, a cargo de la fiscal Fanny Escajadillo, han comprendido a los ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, así como a ocho altos ex funcionarios del ministerio de Salud involucrados en la aplicación del PNSRPF.

2013 En junio el Ministerio Público designó al fiscal Ad Hoc Marco Guzmán Baca, a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, para que se aboque de manera exclusiva en el caso de María Mamérita Mestanza y las esterilizaciones forzadas. En la resolución N°1676- 2013-MP-FN se dispone esta medida, así como la de encargar a la Oficina de Registros Fiscales a dotar de recursos logísticos y el personal administrativo de apoyo para cumplir con las diligencias en este caso. Además, la resolución da cuenta de que la investigación de este caso es compleja y voluminosa por la trascendencia de los hechos materia de juicio, la gravedad de los mismos, los numerosos testigos y agraviados.

2014 En enero, la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, ha señalado el archivo de los casos en la parte que involucra al expresidente Fujimori, a los exministros y exfuncionarios. Esto significa que estos casos no serán judicializados; es decir, el fiscal considera que no hay indicios para que estos sean vistos y analizados por un juez. En el otro extremo, la fiscalía sí ha realizado acusación respecto del caso de María Mamérita Mestanza, pero únicamente respecto de los médicos involucrados en el mismo, es decir, la acusación contra estos últimos sí va a ser vista en juicio. Lo grave de este archivamiento es que ya no se va juzgar las responsabilidades que tuvieron el expresidente, los exministros y los exfuncionarios en estos preocupantes delitos.

2014 En enero, el archivo del caso de las esterilizaciones forzadas, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue rechazado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que advirtió que esta medida niega la justicia a las víctimas y favorece la impunidad. Mediante un comunicado publicado en su portal, la coordinadora afirmó que las 81 organizaciones que conforman este conglomerado, están en desacuerdo con la medida tomada por el Ministerio Público (MP).

2014 En febrero, Marco Guzmán Baca, el fiscal que decidió no denunciar penalmente al ex presidente Alberto Fujimori y a tres de sus ministros de Salud por su responsabilidad en las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, fue ascendido a titular de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio según la resolución N° 688-2014 del Ministerio Público publicada el día jueves en el diario oficial El Peruano.

2014 En marzo, el Estado peruano informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reunión el 27 de marzo, que el caso no está cerrado y que este estaba siendo revisado por Carmen Ibáñez, Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional.

2014 El 23 de abril, el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, por medio de resolución dispuso que el caso sea remitido a Luis Antonio Landa, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional porque, según Peláez, el caso: “consiste en una <<Mega investigación>>, cuyo expediente resulta sumamente complejo y extremadamente voluminoso, siendo que su Despacho no tiene la capacidad física ni logística, y menos, los recursos humanos suficientes para atender y trabajar en forma célebre el mismo”.

2014 El 25 de abril, Peláez emite una resolución por la cual se dispone que el Fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional, Luis Antonio Landa, no se va a dedicar en exclusividad al caso-como había quedado dispuesto por la resolución del 23 de abril-, sino que va a tener además del caso de esterilizaciones, todos los demás casos que tenía bajo su competencia previamente.

2014 En mayo, DEMUS denuncia irregularidades en la decisión del 23 y del 25 de abril, pues como explica, Julio Arbizu, nuevo abogado que asume la defensa del caso de las esterilizaciones forzadas: “Todo dictamen del Ministerio Público tiene que estar motivado, esto quiere, decir, que tiene que tener una razón de fondo que sustente la decisión. No hay una motivación, ni siquiera aparente, que justifique la decisión de retirar la competencia de la fiscal Ibáñez y trasladársela a otro fiscal. Porque si esa es la motivación, todos los fiscales provinciales y superiores tienen obviamente una carga importante de investigaciones”.

2014 marzo, el Estado peruano informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas que la investigación de más 2000 casos de mujeres esterilizadas forzadamente ocurridas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) durante el gobierno Alberto Fujimori no está cerrado, y está siendo revisado en segunda instancia por una Fiscalía Superior.

2015 mayo, el Ministerio Público decidió reabrir el caso de las esterilizaciones, que fuera archivado por el cuestionado Fiscal Guzmán Baca, en el año 2014. Esta vez, el caso lo llevará el Fiscal Luis Landa Burgos y nuevamente serán acusados los ex ministros de Salud, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, así como ocho altos ex funcionarios de la misma cartera.

2015 Mujeres esterilizadas, sin justicia ni reparación integral hasta la fecha. El crimen de lesa humanidad que constituye el más grave caso de violaciones a los derechos humanos cometido desde el Estado peruano contra las mujeres en el Perú desde la colonia sigue impune.

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