CIFRAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS

  1. En sendos informes[1], la Defensoría del Pueblo presentó información sólida sobre casos de muerte y de esterilizaciones involuntarias; uno de estos informes incluye más de 400 quejas indicando que no se garantizó el consentimiento informado antes de las intervenciones realizadas.
  2. El Ministerio Público se encuentra investigando 2.166 denuncias de mujeres esterilizadas de manera forzada. El Fiscal Superior Luis Landa es quien debe decidir si esta denuncia permite abrir el esperado juicio.
  3. Adicionalmente, el Ministerio Público cuenta con más de 10,000 testimonios de mujeres violentadas bajo la implementación de esta política pública.Estos testimonios aun no han sido atendidos por el Ministerio y cada día que pasa llegan nuevos testimonios que denuncian la esterilización forzada.
  4. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha registrado hasta la fecha  (REVIESFO) y reconoce a 5.097 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas: 1.389 en Cusco, 918 en San Martin, 841 en Huancavelica, 488 en Ayacucho, 368 en Huánuco, 340 en Piura, 250 en Junín, 198 en Cajamarca, 136 en la Libertad, 113 en Lima, y 56 en Moquegua.
  5. Testimonios de mujeres de Anta y Chumbivilcas (Cusco), Huancabamba (Piura), Independencia (Ayacucho), San Martín, Ucayali y Loreto así como de otras zonas de la costa, andes y Amazonía indican que fueron esterilizadas sin su consentimiento libre e informado.
  6. Cientos de solicitudes de inscripción en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas se encuentran aún en trámite, y el Ministerio continúa registrando nuevos casos.

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[1] En sus tres informes elaborados en 1998, 1999 y 2002, la Defensoría del Pueblo muestra diversos casos de complicaciones post operatorias como resultado de estas esterilizaciones y muertes producto de estas complicaciones. Se muestra la falta de garantías para la libre elección, campañas destinadas principalmente a la ligadura de trompas, metas establecidas como cantidad de mujeres que necesariamente deben utilizar determinados métodos anticonceptivos, cuotas de mujeres a esterilizar asignadas al personal médico, falta de seguimiento posterior a la intervención quirúrgica, testimonios de mujeres indicando que fueron retenidas y esterilizadas sin su consentimiento y una tendencia compulsiva en la aplicación del programa.

 

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